Bloomberg.- Hace apenas un par de años, la lucha de América Latina contra la corrupción política comenzó a abrir nuevos caminos. Y tal vez en ninguna parte la renovación haya sido más drástica —y exitosa— que en Guatemala, donde la indignación popular, los intrépidos auditores y, más notablemente, un equipo formidable de investigadores extranjeros anticorrupción con un arrollador informe persiguieron a los criminales en las oficinas de más alto nivel.

Y, sin embargo, como han aprendido los guatemaltecos, en una región donde las instituciones de gobierno han sido arcilla en manos de poderosas elites, seguir tratando de hacer lo correcto es mucho más difícil, incluso cuando una parte clave de su sistema de justicia está a cargo de personas del exterior.

Al mando de la campaña guatemalteca contra la corrupción está la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) patrocinada por Naciones Unidas, que se formó en 2007 para apoyar a las tambaleantes instituciones nacionales y garantizar que los violadores de los derechos humanos comparecieran ante la justicia por actos cometidos durante la guerra civil que vivió el país durante 36 años.

Desde entonces, la tarea del organismo se ha ampliado para hacer frente a otro flagelo: la impunidad en los casos de corrupción política y fraude de adquisiciones.

Esto no fue una desviación de la misión: muchas de las mismas élites acusadas de crímenes contra los derechos humanos pasaron sin problemas a robarle poco a poco al estado cuando cesaron los disparos.

La comisión se sacó la lotería en 2015, cuando descubrió que el entonces presidente Otto Pérez Molina, un general retirado que alcanzó protagonismo nacional durante la guerra civil, estaba detrás de un plan para defraudar al servicio nacional de aduanas.

Los hallazgos avivaron enormes manifestaciones callejeras y ayudaron a los fiscales guatemaltecos a hacer caer a Pérez Molina y su gabinete.

Los investigadores de la ONU no aflojaron. Dos años más tarde, acusaron al sucesor de Pérez Molina, el humorista convertido en político Jimmy Morales, de delitos potencialmente mayores, y presionaron al Congreso para que le quitara la inmunidad presidencial.

Morales se defendió, declarando al investigador jefe de la CICIG, el fiscal de origen colombiano Iván Velásquez, persona non grata e intentando sin éxito expulsarlo del país. Ahora la fuerte reacción de la opinión pública en su contra amenaza con poner fin a la presidencia de Morales y convertir su inteligente campaña —“Ni corrupto ni ladrón“— en el remate de un chiste.

La ofensiva anticorrupción de Guatemala llamó la atención de entusiastas de todo el hemisferio. Washington, que financia la mitad del presupuesto anual del organismo de la ONU de US$ 12 a US$ 15 millones, comenzó a ensalzar el modelo guatemalteco de lucha contra la corrupción. Honduras estableció un organismo de investigación similar, bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos.

El Salvador y Panamá han coqueteado con la idea, y un excomisionado de la CICIG llegó incluso a sugerir una autoridad anticorrupción para toda la región.

Después de todo, en naciones acostumbradas al mandato de caudillos y a las deficiencias de instituciones débiles, ¿por qué no traer a los expertos? Así como el Fondo Monetario Internacional ha actuado como un banco central sustituto para naciones pobres con problemas financieros, la CICIG ha sido el brazo protésico de la legislación guatemalteca.Puede haber una buena razón para seguir el ejemplo de Guatemala. Los investigadores de delitos de la ONU han ganado numerosos elogios y reputación.

Bajo su guardia, las condenas por homicidios se dispararon y la tasa de homicidios se desplomó. Una docena de jueces corruptos y unos 2,500 policías deshonestos han sido despedidos.

Estas medidas han fortalecido la asediada oficina del fiscal general y envalentonado a los fiscales y auditores nacionales. “Cuando se pasa de la casi total impunidad a una serie de procesamientos, hay un cambio fundamental en las expectativas”, me dijo Daniel Wilkinson de Human Rights Watch.

“Todos comienzan a creer en la justicia y eso hace que valga la pena correr el riesgo de denunciar”, señaló.

Pero, ¿cuán sostenible es la experiencia guatemalteca? ¿Puede exportarse? Una mirada más atenta a la cruzada anticorrupción de América Latina plantea dudas. Claramente, los fiscales en la cruzada de la ONU han sacudido a grupos de interés arraigados.

Pero después de una década de operación, ¿han acercado también al país a la independencia judicial? “Si la CICIG se disuelve mañana, todo el esfuerzo podría verse socavado”, dijo Wilkinson. “Los que están en la cárcel podrían salir libres y Guatemala podría volver a ser lo que era”.

Esas preocupaciones han alimentado los temores de que Guatemala haya sucumbido a un golpe de estado de las Naciones Unidas, “entregándole soberanía” a extranjeros, como advirtió en una reciente entrevista el deshonrado Pérez Molina.

Eric Olson, subdirector del Programa para América Latina del Wilson Center, es más optimista. “Al trabajar estrechamente con el fiscal general y la fiscalía, la comisión de la ONU hizo mucho para fortalecer las instituciones guatemaltecas”, me dijo Olson.

“La justicia guatemalteca era tan débil y estaba tan sobrepasada por las presiones políticas y criminales, que necesitaba apoyo externo. Pero nunca perdió su autoridad”, señaló.

El mayor obstáculo para limpiar el gobierno puede estar en algunas disfunciones latinoamericanas más familiares. El profesor de la American University Matthew Taylor descubrió que, si bien la transparencia gubernamental -un cortafuego vital contra la corrupción- se había fortalecido en todo el hemisferio, varios países aún no cumplían con la supervisión institucional y se desempeñaban “terriblemente” cuando se trataba de castigar a quienes violaban la ley.

El principal obstáculo: los sistemas judiciales latinoamericanos, “manipulados durante mucho tiempo para proteger a las elites económicas y políticas locales”, concluyó Taylor.

Importar vengadores puede ser heroico, pero en última instancia es una solución temporal. Reducir la corrupción y el flujo de dólares sucios a manos de criminales puede rendir menos en los súperdetectives que llegan a la región que en levantar un servicio público profesional —no comprometido con las presiones políticas, como en Brasil— y autoridades nacionales que desplieguen un conjunto de iniciativas transfronterizas, tales como la convención contra el soborno de la OCDE y la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas de Estados Unidos.

Considere la caída de los líderes corruptos del fútbol de la región, que fueron sacados de sus cargos por los esfuerzos combinados de los investigadores de EE.UU, Suiza y América Latina.

“Estas diversas herramientas anticorrupción sirven para podar las ramas más problemáticas del gobierno”, dijo Taylor. “Pero cada herramienta es buena para algo y no excelente para otras cosas”.

Para que la Primavera de América Latina dure, la región necesitará todas las herramientas que pueda conseguir, además de muchos héroes.Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la junta editorial o Bloomberg LP y sus propietarios.

Mac Margolis escribe sobre América Latina para Bloomberg View. Fue reportero de Newsweek y es el autor de “The Last New World: The Conquest of the Amazon Frontier”, algo como El último mundo nuevo: la conquista de la frontera amazónica