Las exportaciones se están incrementando, pero existen muchas trabas que deben ser eliminadas con urgencia para lograr un aumento sostenido del sector o, por lo menos, alcanzar un crecimiento de 15% este año, sostuvo Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Una primera traba obliga a los exportadores a presentar una segunda declaración con los mismos datos que consignaron en un primer formato, pues la autoridad supone que podría haber diferencias entre el momento en que se declaró la mercancía y el período en que efectivamente se realizó la exportación, aunque entre ambas etapas no hayan transcurrido más que unos días.
“Esta es una traba que incide en los costos de las exportaciones, dado que se revisa todas las exportaciones cuando se podrían inspeccionar sólo los casos donde se han producido las diferencias. Actualmente se regula como ordinario lo que es excepcional”, explicó Posada.
La segunda traba se produce cuando la administración aduanera reclasifica las partidas arancelarias. Ocurre que muchos bienes exportados pueden ser categorizados como mercancías restringidas, obligando a los exportadores a gestionar documentos de autorización en el sector correspondiente, lo cual no se concreta porque la mercancía ya salió del país.
“Esta situación da pie a que algunos exportadores no puedan solicitar el drawback o la devolución del IGV por las compras locales, ya que se alega que el despacho de exportación no ha concluido satisfactoriamente, pese a que las mercancías ya han sido exportadas del país y consumidas en el extranjero”, precisó Posada.
Situaciones como las descritas, originan costos que terminan siendo absorbidos por las empresas, que no tienen oportunidad de trasladarlas al valor del producto exportado, con lo cual poco a poco pierden competitividad y terminan saliendo del mercado. “Temas como estos esperamos que sean solucionados pronto”, manifestó Posada.
El director de Idexcam también aguarda a que en setiembre se reciban los resultados del primer análisis de calidad regulatoria, en la que están involucradas 954 entidades del Poder Ejecutivo y en el que se examinarán cerca de 4,000 trámites.