Un 35.1% de los recursos destinados a los programas sociales en Perú atiende a beneficiarios infiltrados, y resulta ser un porcentaje mayor al que existe en otros países de la región como México (28.9%), reportó hoy la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
Indicó que ese es uno de los resultados del estudio “Ahorrar para desarrollarse”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos hasta 2013, el cual añade que esta filtración equivale a un 0.2% del PBI peruano.
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“Esa cifra es mayor que la inversión peruana en investigación y desarrollo (I+D), que asciende a un 0.15% del PBI. Y en 2015, por mencionar un caso, el Programa del Vaso de Leche (PVL) tuvo un presupuesto de S/ 363 millones, de los cuales alrededor de S/ 217.2 millones serían malgastados si se consideran las filtraciones”, dijo el gremio empresarial.
Advirtió que la falta de una focalización adecuada ha generado grandes desperdicios de los recursos fiscales, pues existen altas tasas de filtración. Solo en el caso del PVL, seis de cada 10 hogares beneficiarios del PVL no debieron serlo y, como consecuencia, hogares que sí forman parte de la población objetivo no se beneficiaron (casi un millón de familias).
¿Qué hacer?
Comex precisó que estas altas tasas de filtración son producto de una falta de estructuración de la política social en el Perú y dio como ejemplo, el presupuesto del PVL para las municipalidades distritales, el cual es determinado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras que los requisitos de elegibilidad son fijados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Además, dichos criterios son “corroborados” por los comités del PVL en cada localidad, los cuales están integrados principalmente por madres de familia, que en muchas ocasiones se guían por criterios no técnicos.
“Esto significa que los programas sociales están fragmentados y no constituyen una política integral, lo que desemboca en duplicidad de funciones, irregularidades presupuestales y, como comúnmente sucede, terminan excluyendo a las personas que, por su precaria condición económica, sí deberían recibir estos beneficios”, enfatizó Comex.
En ese sentido, sugirió que el Midis se encargue de la dirección de estos programas, de modo que así no existirían dobles filtraciones, es decir, hogares que reciben transferencias del programa Juntos y ayuda alimentaria del PVL, entre otros.
Otra de las falencias, dice Comex, de la política social peruana es la determinación de la elegibilidad de los actores, básicamente, determinar quién es pobre.
Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un hogar con cuatro miembros en Lima Metropolitana es considerado pobre si su ingreso familiar mensual es menor a S/ 1,260 y pobre extremo si es inferior a S/ 676.
Dicha definición, que emplea la línea de pobreza como su mecanismo de clasificación, sirve para reportar las cifras oficiales y, de acuerdo con ella, un 21.77% de los peruanos fue pobre en 2015. Por su parte, para determinar a los beneficiarios de los programas sociales como el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) o Pensión 65 se emplea el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que conjuga los gastos en servicios básicos (agua, electricidad), la calidad de vida (características de la vivienda, del hogar y sus potencialidades) y los ingresos.
Ante tal dispersión, el gremio recomendó estandarizar un sistema integrado de clasificación de los hogares pobres, lo que generaría una mejor focalización, pues se tendría información sincronizada entre los ministerios sobre la población elegible para tales programas.
“Las filtraciones y la necesidad de reestructurar la política social no son un tema novedoso. Ya en 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó que el PVL tenía una tasa de filtración del 51%, los desayunos y almuerzos escolares, un 49%, y los comedores populares, un 48.1%”, recordó el gremio.
Tan solo en Lima, la filtración del PVL alcanzó un 73.1% y en 2015 llegó a un 74.9% del total de hogares beneficiarios.
“Hagamos las reformas pertinentes y no dejemos que estas cifras sigan incrementándose. No es tan solo una cuestión de aumentar el gasto, sino de saber administrarlo”, concluyó.
