El concesionario del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se prepara para sortear 4,102 permisos confirmados y otros más por confirmar, y los cuales se sobreponen e involucran a gran cantidad de entidades públicas, informó hoy la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

“Está claro que, como la mayoría de concesionarios de infraestructura de servicios públicos en el Perú que logran sacar adelante sus proyectos, el concesionario del GSP se enfrentará y superará esta maraña de permisos”, agregó.

No obstante, el gremio indició que el caso del GSP grafica perfectamente una situación absolutamente irracional que se ha convertido en una realidad naturalmente aceptada en el Perú.

Señaló que como gremio han solicitado y hecho propuestas más de una vez, para que el Estado solucione esta grave situación, ya que los concesionarios de infraestructura pública son contratados por el mismo Estado peruano para llevar a cabo las obras que benefician a la población.

“Es de interés público que dichas obras se lleven a cabo lo más rápido posible y de la forma más eficiente. Hemos llegado a una situación irracional en la que la cantidad y desorden de permisos exigidos por el sector público se contrapone a los intereses del mismo Estado y los derechos de los ciudadanos a una mayor calidad de vida. Se necesita una solución urgente”, subrayó.

La AFIN manifestó que los permisos son importantes porque garantizan el cumplimiento de las normas y sin la obligatoriedad de la obtención de permisos “viviríamos en un caos”.

“Pero cuando los permisos se multiplican irracionalmente, se sobreponen unos con otros, o son solicitados por instituciones que no respetan los plazos, entre otros muchos vicios, se convierten en trabas a la inversión. Lamentablemente, eso está sucediendo hoy en el Perú”, puntualizó.

Es así que surge el término “permisología”, que está compuesto por el sustantivo permiso y el sufijo logía, que significa ciencia o estudio.

“Las empresas o personas que se enfrentan a esta maraña de permisos deben dedicar gran cantidad de esfuerzos y recursos a su estudio y superación. Esto se traduce, no solo en costos innecesarios sino en severas demoras”, mencionó.

El gremio insistió que en el sector infraestructura, las demoras son doblemente perjudiciales, ya que por un lado, dado el incremento constante de los costos de construcción a lo largo del tiempo, las obras se vuelven más caras.

“Por otro lado, existe un importante costo social al no contarse con la obra operativa. A manera de ejemplo, ¿Cuánto le cuesta a Lima no contar aún con la red básica de 6 líneas de Metro? Miles de millones en horas hombre perdidas, en contaminación, accidentes entre otros. Se ha estimado que el impacto total anual en el bolsillo de los limeños y chalacos es de US$ 4,000 millones”, agregó.