Uno de los principales problemas que afronta la economía es la creación de empleo de calidad.

Entre julio del 2016 y junio del 2017 la generación de empleo formal a nivel nacional cayó en 0.9%, caso contrario al informal, que creció en 4.2%.

Así, para el 55% de los peruanos es la legislación laboral la que dificulta que las empresas contraten nuevos trabajadores, de acuerdo con la encuesta Pulso Perú de setiembre realizada por Datum.

Esta percepción se da en todos los niveles socioeconómicos. En el nivel A/B, el 56% de las personas siente que la legislación impacta en la contratación de trabajadores, al igual que el 56% del nivel C.

En los niveles D y E esta opinión la tienen el 58% y 55%, respectivamente.

En el caso de las regiones, también esta sensación es generalizada, con una mayor tasa en el sur del país, donde el 65% de personas ve a la legislación laboral como una traba para el empleo, la misma idea que el 62% del norte.

En el oriente, el 60% comparte esta opinión, mientras que en Lima lo hace el 53% de personas. La tasa más baja está en el centro del país, con 40.3%.

Panorama laboral
El problema principal es la rigidez laboral. El Perú es el noveno país considerado con mayor rigidez en la contratación laboral de acuerdo al Foro Económico Mundial.

Sin embargo, el problema no radica principalmente en la regulación, sino en un fallo del Tribunal Constitucional (TC), explicó el laboralista Jorge Toyama.

Incluso, los intentos por lograr la reducción de costos laborales a través de una reforma laboral liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas no llegarían a concretarse.

Gestión confirmó que el informe de la Comisión de Protección Social concluyó en la inviabilidad del seguro de desempleo (Gestión 07.09.2017), ya que solo aplicaría a menos del 10% de la población económicamente activa, y supondría eliminar un beneficio histórico como el de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

En cuanto a la implementación de una reforma en el sistema de salud y pensiones, tampoco se materializaría en un sistema universal básico de salud, y la reducción de la tasa de aportación de 9% a 6%, como segunda capa a cargo de los empleadores.

Sin embargo, sí se evalúa impulsar la necesidad de evitar subsidios cruzados, es decir, que una misma persona pueda recibir prestaciones médicas a la vez del Ministerio de Salud con el Seguro Integral de Salud, EsSalud y clínicas privadas a la vez.