La ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez así como las obras de la Línea 2 del Metro de Lima enfrentaron un problema común desde la gestión de Ollanta Humala para su “destrabe”: el saneamiento de terrenos, vinculado a la expropiación de terrenos, y el levantamiento de interferencias.

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Estas “trabas” que están bajo responsabilidad absoluta del Estado demoran la ejecución de las obras de infraestructura. Solo en el Aeropuerto Jorge Chávez, por citar un ejemplo, la entrega de terrenos necesarios para su ampliación tuvo hasta seis postergaciones.

Actualmente, ¿cuánto tiempo demanda la expropiación de terrenos para obras de infraestructura?

De acuerdo al ejercicio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base del Decreto Legislativo No. 1192, que rige el proceso actual para la obtención de inmuebles requeridos en proyectos de inversión, poniendo como ejemplo un proyecto vial toma aproximadamente 679 días calendarios (alrededor de dos años) cuando prospera el trato directo con el dueño del predio.

Pero si hay expropiación, el tiempo aumenta a 739 días (un poco más de dos años). En cambio, en transferencias de bienes entre entidades estatales, de acuerdo al procedimiento vigente, dura 569 días calendarios aproximadamente.

Así, con el fin de acortar los plazos en el proceso de obtención de bienes inmuebles, eliminar los reprocesos, reducir el tiempo de liberalización de interferencias y simplificar los procesos de contratación de servicios y personal, el Ejecutivo presentó ante el parlamento el proyecto de ley que regula la obtención de inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas.

Esta propuesta normativa, que fue anunciada ayer por el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, durante el Mensaje de la Nación, en concreto plantea la creación, por un plazo de tres años, del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Obras de Infraestructura Priorizadas (APIP), la que sería dirigido por un director ejecutivo designado por el titular de ProInversión.

¿Cuál será su función? Obtener los bienes inmuebles requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura priorizados mediante decreto supremo.

Los procedimientos para la expropiación de terrenos de acuerdo a la propuesta legislativa – a cargo de APIP – deberán adecuarse a los plazos contractuales de cada proyecto a efectos de evitar controversias que ocasionen arbitrajes.

Así, para cumplir con sus funciones tendrá que realizar una serie de acciones de manera simultánea.

Estas son el levantamiento de información del predio (consulta de registros, verificación de campo, entre otros), diagnóstico (lo que implica la determinación del régimen jurídico aplicable para la obtención del inmueble), saneamiento físico legal (acumulación, independización, subdivisión, rectificación de área), tasación (determinación del valor comercial para bienes inmuebles de propiedad privada y estatal), identificación de interferencias y ofrecimiento de adquisición por trato directo.

Dependiendo de cada caso, esta entidad determinará la modalidad de adquisición de la propiedad ya sea a través de trato directo, expropiación o de transferencia de bienes entre entidades del Estado.

Con esta propuesta el Ejecutivo plantea disminuir el plazo de expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada a 280 días de duración (nueve meses y diez días aproximadamente); mientras que para los bienes inmuebles de propiedad estatal a 234 días (siete meses y 24 días).

El gobierno de PPK detalló que para la implementación de las medidas propuestas se prevé que los tres niveles de gobierno puedan transferir recursos a favor de la nueva entidad.

“De aprobarse la propuesta se logrará un ahorro de tiempo y recursos para la obtención de los bienes inmuebles para los proyectos de infraestructura, lo que su vez redundará en la ejecución oportuna de los mismos, evitando al Estado la necesidad de efectuar modificaciones contractuales (adendas) y de afrontar los costos inherentes a las controversias con los inversionistas”, precisó el proyecto presentado por PPK y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

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