Caracas (AFP).- La situación en Venezuela pinta mal, con protestas, escasez de alimentos y una profunda tensión política. Pero pronto podría ponerse mucho peor, según analistas, debido a la crisis de su deuda que ya roza el nivel de default.

En ese caso, se cerraría el acceso de este país, rico en petróleo pero carente de liquidez, al mercado de capitales.

Los prestamistas podrían bloquear activos -como refinerías, tanqueros y cuentas- de la estatal petrolera PDVSA y la crisis humanitaria profundizarse.

¿Cuán cerca está realmente Venezuela de incumplir con el pago de su deuda, estimada en más de US$ 100,000 millones?

Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido siempre a medidas extraordinarias para cumplir con sus obligaciones, priorizando los pagos de deuda sobre cualquier otro, incluso las tan necesarias importaciones de comida y medicinas.

Pero la producción de crudo y los ingresos que genera han venido declinando. Las reservas internacionales se han reducido a 10.000 millones de dólares, la mayoría en lingotes de oro bien guardados en Caracas.

Octubre y noviembre, cuando Venezuela y PDVSA deberán pagar unos US$ 3,800 millones en vencimientos de bonos, serán meses cruciales.

Esas amortizaciones “son un reto, pero probablemente el gobierno pagará”, opinó Andrés Abadía, economista encargado de temas latinoamericanos para la inglesa Pantheon Macroeconomics, en un reporte de julio.

Sin embargo, el país se está quedando sin liquidez y “la perspectiva es que la situación se agrave mucho más”, señaló.

Y al empeorar “la recesión, la inflación, que bordea la hiperinflación, a la postre podría detonar un cambio de gobierno”, dijo Abadía.

Obstáculos legales
Las dudas sobre la capacidad de pago del gobierno de Maduro alcanzan incluso el ámbito jurídico, tras la elección el 30 de julio de una polémica Asamblea Constituyente, un suprapoder leal al mandatario.

Estados Unidos, bajo cuya legislación están redactados los contratos de la deuda venezolana, no reconoce a la Constituyente, a la que considera una herramienta “ilegítima” de la “dictadura” de Maduro.

Y el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Maduro y a una veintena de funcionarios, entre ellos el vicepresidente Tarek El Aissami.

La Asamblea Constituyente “conlleva un riesgo de reputación de los bonos de Venezuela y PDVSA”, señaló Juan Carlos Rodado, encargado de investigaciones latinoamericanas en el banco de inversión neoyorquino Natixis.

Rodado recordó que Julio Borges, presidente del parlamento venezolano, bajo control de la oposición, advirtió que un futuro gobierno podría “no reconocer o pagar” la deuda que se emita ahora.

Analistas coinciden en que la única opción de Venezuela es renegociar su deuda, pero el rechazo internacional a la Asamblea Constituyente -al que se sumaron la Unión Europea y una docena de países latinoamericanos- puede ser un obstáculo.

“Hay un creciente consenso de que Venezuela no podrá sostener por mucho más tiempo su política de servir plenamente la deuda”, escribieron en un ensayo conjunto Lee Buchheit, del despacho legal Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en Nueva York, y Mitu Gulati, de la facultad de Derecho de la Universidad de Duke.

“Esto implica algún tipo de reestructuración de la deuda”, pero los acreedores de holdouts representarían un “riesgo legal serio y potencialmente debilitante” para el país, dijeron.

Préstamos rusos y chinos
China y Rusia han sido los principales prestamistas de Venezuela, con una exposición de deuda actual de unos US$ 50,000 millones entre los dos.

China concedió una línea de crédito de alrededor de US$ 60,000 millones a Venezuela entre 2007 y 2014, con garantía de entrega de petróleo a futuro. Entonces, el barril cotizaba a US$ 100.

Pero con la caída de los precios del petróleo por debajo de los 50 dólares desde el 2015 y las dificultades de Venezuela para producir los barriles necesarios, Pekín cortó discretamente el crédito.

China recuperó parcialmente la deuda, aunque todavía falta “una buena parte”, según Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice (Texas, EEUU) y del Instituto De Estudios Superiores de Administración (Caracas).

Rusia concede créditos a Venezuela desde 2011. Primero prestó 2.800 millones de dólares para la compra de sistemas anti-aéreos y armamento, y desde 2014, aparentemente a través de su petrolera estatal Rosneft, al menos 6.000 millones más.

Al igual que en el caso de China, prevé pagarlos con envíos de crudo.

Pero la caída de la producción (pasó de 75 a 49 plataformas petroleras activas en los últimos dos años), los bajos precios y el hecho de que un 40% de la producción esté destinada a Estados Unidos, su principal cliente, ha hecho muy difícil que Caracas cumpla con sus compromisos.

Citgo, la refinería y red de gasolineras de PDVSA en Estados Unidos, fue colocada como respaldo del crédito ruso. Según Monaldi, la empresa se valorará en unos US$ 8,000 millones.

Si el default se materializara, Rosneft podría apoderarse de Citgo, pero eso probablemente entraría en conflicto con las sanciones de Estados Unidos a Rusia.

“El gobierno de Estados Unidos no estaría muy feliz con la idea de que Rosneft tome el control de una refinería y un distribuidor de gasolina en su propio territorio”, dijo Rodado.