El Gobierno de Ollanta Humala evalúa vías legales para encarar la decisión del Tribunal Constitucional, que ordenó al Estado pagar con intereses una multimillonaria deuda por bonos de la Reforma Agraria, dijo el jueves una fuente del Ejecutivo a Reuters.
Según la agencia de noticias, uno de los caminos sería pedir a la corte una “aclaración” a la resolución sobre los bonos agrarios que -según el fallo-, tendrán que ser cancelados en el plazo de ocho años, una vez que el Gobierno defina el mecanismo de pago y el valor de los títulos.
“El Gobierno no da esto como terminado. Estamos cuantificando la deuda y viendo las vías legales posibles frente al fallo” de la corte, dijo a Reuters una fuente vinculada al equipo que evalúa la resolución del Tribunal Constitucional.
La agencia cita la respuesta de expertos consultados sobre el tema, quienes explicaron que la decisión de la máxima corte es inapelable, pero el Estado podría pedir una interpretación del fallo para conseguir un menor impacto fiscal.
Inexacto
El monto de la deuda no se conoce con exactitud, pero estimaciones ligadas a los bonistas antes del fallo apuntaron a entre 1,000 millones y 4,000 millones de dólares, algo que podría dañar las finanzas publicas, según el Gobierno.
El presidente Humala dijo ayer, en rueda de prensa, que su Gobierno ha dispuesto estudiar todo el proceso en el caso de los bonos agrarios antes de sentar una posición sobre el tema.
“Lo que cabe ahora es analizar todo lo actuado, no sólo lo último, sino todo lo actuado sobre el tema del pago de los bonos de la reforma agraria porque es un tema muy sensible”, afirmó.
Por su parte el ministro de Economía, Luis Castilla, dijo sobre las implicancias del fallo del tribunal que “lo importante es mantener la solidez fiscal que ha caracterizado a la gestión de este Gobierno y a los gobiernos previos”.
Nuevo tribunal
El fallo de la corte se concretó pese a que Humala había invocado al tribunal en días previos evitar decisiones“sensibles” como los bonos agrarios, pues la mayoría de sus miembros iban a ser cambiados para un nuevo periodo.
Justamente el miércoles, un día después del fallo, el Congreso eligió -tras un polémico acuerdo entre las distintas bancadas políticas- a la mayoría de los jueces del tribunal que tomarán posesión de sus cargos en las próximas semanas.
“Cualquier pedido de aclaración del fallo es probable que recaiga en el nuevo Tribunal Constitucional”, afirmó la fuente del Gobierno. “Se está viendo qué paso seguir”, agregó.
Sólo el actual presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, conservará su cargo. Los demás de su panel que fallaron sobre los bonos dejarán sus puestos a inicios de agosto.
