Greenpeace detectó al menos 14 minas ilegales y ocho pistas de aterrizaje clandestinas en la reserva amazónica que el presidente brasileño Michel Temer quiere abrir a la minería privada, lo que aumentó la preocupación por la “falta de control” sobre esas actividades, informó la ONG este martes.

Un equipo de investigación de Greenpeace sobrevoló la primera semana de septiembre una de las unidades de conservación de la gigantesca Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), entre los estados Pará y Amapá (norte), donde teóricamente está prohibida la explotación minera privada, e informó a las autoridades estatales y federales de su hallazgo.

“Sobrevolamos una pequeña parte de Renca y localizamos todos esos puntos en una única unidad de conservación. ¿Cuántos más pueden existir en toda la región?”, se preguntó Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil, en un comunicado emitido este martes.

“Si el gobierno brasileño no tiene condiciones de controlar la ilegalidad actualmente, mientras esa área está bajo su custodia, ¿Qué pasará si Renca se abre a la exploración comercial?”, se preguntó.

Temer firmó el pasado 25 de agosto un polémico decreto que extinguía esa reserva de casi cuatro millones de hectáreas, una superficie mayor que Dinamarca, rica en oro, manganeso, hierro y cobre.

El mandatario dijo que su idea era controlar y dinamizar la actividad minera con la participación de la iniciativa privada, como parte de sus planes liberales para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.

Los grupos ambientalistas denuncian, sin embargo, que la extinción de la reserva Renca acelerará el avance de la minería privada y la deforestación de las áreas de preservación.

Ante la polémica, Temer eliminó el decreto inicial y firmó pocos días después otro nuevo muy parecido, pero con más precisiones sobre la protección ambiental.

El 31 de agosto, el ministerio de Minas suspendió los efectos del decreto por 120 días, prometiendo un debate amplio sobre el tema.

En esa reserva, delimitada en 1984 durante la dictadura militar, hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi.