Nueva Ley de Contrataciones del Estado controlará papel de árbitros en controversias

Para Martín Zecenarro de KPMG Perú, es necesario este tipo de controles para evitar que los árbitros cometan irregularidades o tengan conductas desviadas en su labor.

Gestion.pe

La nueva Ley de Contrataciones del Estado permitirá establecer un control sobre los árbitros que intervienen en las controversias que hay entre el Estado y las empresas proveedoras, lo cual ayudará a mejorar el desarrollo de estos procesos, informó el gerente senior de Tax & Legal de KPMG en Perú, Martín Zecenarro.

“Se ha creado una instancia de control de la actuación de los árbitros, eso es algo que no existía antes y la experiencia ha demostrado que puede ser necesario este tipo de controles porque si bien el arbitraje es un sistema probadamente eficiente, no está exento de irregularidades o conductas desviadas que pueden llevar a cabo algunos postores con los árbitros”, explicó.

En declaraciones a Gestion.pe, el especialista indicó que la actual Ley de Contrataciones del Estado siempre ha tenido que conjugar dos situaciones: la oportunidad del gasto para la obtención de bienes y servicios de calidad y también el cuidado del presupuesto.

“Esa es una especie de matriz cruzada que la norma siempre ha tratado de buscar pero en ese cruce pueden haber situaciones que entorpecen la labor de compra, y la idea de los cambios es facilitar esa acción de compra”, indicó.

En ese sentido, manifestó que lo que se esperaría con la aplicación de la nueva ley es que los procesos de compras estatales sean más ágiles, y no se demoren o suspendan por una controversia entre los órganos ejecutores de los procesos y las empresas proveedoras.

“A eso están destinados los cambios (a la ley) porque muchas veces el tecnicismo de las disposiciones de la norma anterior, si bien buscaban controles, hacían procesos más lentos”, aseveró.

Asimismo, mencionó que la nueva ley establece un mecanismo por el cual las sanciones que aplica el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) puedan ejecutar con discrecionalidad, con el objetivo de no sacar del mercado a eventuales empresas competidoras.

“Eso si bien está planteado como un beneficio va a ser así en la medida que se ejerza bien, ahí hay un riesgo de que pueda haber una desviación y que no sea un real incentivo a la sanción y que algunos contratistas puedan cuantificar una infracción y poder cometer actos infractorios, sufragando el costo que esto implica”, señaló.

En ese sentido, consideró que ese aspecto debería precisarse y mejorarse con el reglamento de la nueva ley que está en elaboración.

Zecenarro indicó que la nueva norma ayudará a agilizar los procesos de compras estatales y un plazo adecuado es que sean en dos meses pero ello será posible si se tiene un cumplimiento efectivo de las disposiciones de la ley.

“El tema de las compras estatales en el Perú mueve una cantidad alta que puede representar el 2% del Producto Bruto Interno (PBI). El Estado es uno de los grandes compradores de la economía y por el diseño de las normas cada compra debe estar presupuestada, por lo que el Estado debe ser un buen comprador y un buen pagador, y eso representa una oportunidad de negocio para os proveedores”, subrayó.

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