(Bloomberg).- La transición política española podría estar a punto de pasar factura a los más ricos de España.

Los socialistas serán los primeros en intentar formar un gobierno de coalición en el debate de investidura de la próxima semana. El grupo antiausteridad Podemos está presionando por una alianza progresista que probablemente persiga a vehículos de deducción fiscal para unos activos de 34,000 millones de euros (US$ 38,000 millones), propiedad de españoles acaudalados.

Si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, persuade a los socialistas de que acepten su oferta, los instrumentos de inversión Sicav utilizados por algunos multimillonarios españoles estarán en el punto de mira del nuevo gobierno del país de Europa occidental con mayor desigualdad. La heredera de Inditex SA Sandra Ortega, la familia Del Pino de Ferrovial SA y el padre del conocido futbolista del club Barcelona Gerard Piqué tienen inversiones en Sicav, con lo que minimizan las obligaciones fiscales de sus carteras.

Iglesias ha instado al líder socialista Pedro Sánchez a que desoiga los temores de otros miembros más antiguos de su partido y que forme una administración centrada en ayudar a los que sufrieron más durante los cinco años de crisis. Para financiar este programa, Podemos tiene sus miras puestas en los activos invertidos en las Sicav.

“Si Podemos y los socialistas llegan a un acuerdo, es probable que haya cambio en las condiciones de las Sicav ya que ambos las incluyeron en sus programas”, dijo Antonio Barroso, analista político de Teneo Intelligence en Londres.

Un portavoz de la familia Del Pino no quiso hacer declaraciones a Bloomberg News y representantes de Ortega y Piqué no quisieron responder a preguntas sobre sus inversiones.

Podemos quiere revisar el régimen fiscal de las Sicav mientras que los Socialistas abogan por más restricciones sobre la forma en que se utilizan estos instrumentos de inversión.

‘Miedo y nerviosismo’
Las Sicav -sociedades de inversión de capital variable gestionadas por bancos como UBS Group AG, Credit Suisse Group y BNP Paribas SA- son muy utilizadas por las familias acomodadas españolas ya que les permiten controlar sus inversiones y minimizar las contribuciones fiscales. Estos vehículos pagan unos impuestos del 1 por ciento sobre los beneficios frente a la imposición corporativa del 15 por ciento para las nuevas empresas o del 25% para otras compañías más establecidas. Cuando los inversores venden acciones en Sicav o reciben dividendos han de pagar impuestos sobre la renta.

Banco Santander SA, el mayor banco de España, era el principal gestor de Sicav el pasado setiembre con unos activos de 4,900 millones de euros, según datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Portavoces de UBS, Credit Suisse, BNP Paribas y Santander no quisieron hacer comentarios.

“Hay miedo y nerviosismo entre los inversores de Sicav que están a la espera de ver cómo será el nuevo Gobierno y qué medidas tomará, si las toma”, dijo por teléfono Jacobo Blanquer, socio de Tressis Gestion, que administra activos en trece Sicav.

Vacío legal.
Las Sicav están dirigidas a grupos colectivos con un mínimo de 2.4 millones de euros para invertir, pero han generado críticas porque individuos acaudalados eluden las restricciones diseñadas para convertirlas en vehículos de inversión colectiva.

Por ley, una Sicav ha de tener al menos cien accionistas. No obstante, al no existir un porcentaje máximo a la inversión de un solo individuo, muchos inversores captan a socios que tienen un solo título para llegar al número de accionistas requerido. En estos casos, el supuesto vehículo de inversión colectivo está controlado por una sola familia o individuo.

Aunque existen estructuras de inversión similares en Europa, en la imaginación colectiva española las sicav se han asociado con estrategias de evasión de impuestos para ricos, y por eso están en la línea de fuego.

“Voy a deshacerme de las Sicav” dijo Iglesias en una entrevista en la cadena de televisión Antena 3 en hora de máxima audiencia durante la campaña electoral en diciembre.