Las acciones de la constructora Graña y Montero cayeron en más de 20% ayer en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) tras la aprobación en el Congreso de una ley que alcanza restricciones financieras a socios de firmas vinculadas a corrupción (Odebrecht). De promulgarse la ley el Estado retendría sus utilidades e ingresos obtenidos por concesiones que opera con su exsocia.

Al respecto, José Antonio Payet, abogado de la empresa, señaló que la modificación al DU 003 es negativa porque de ser promulgada por el Ejecutivo significaría una vulneración de derechos fundamentales.

“Es una falta de respeto a la institucionalidad y al estado de derecho (…) Antes de la modificación, el DU se aplicaba a Odebrecht y sus vinculadas, no a las empresas socias. El Congreso ha aprobado una extensión de ese DU a empresas que no han sido condenadas. Es una ley con nombre propio y las leyes deben ser generales”, mencionó.

El socio del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, agregó que la norma, en el fondo, “afecta como una condena que puede ser de muerte a Graña y Montero porque no permite desarrollar los negocios sin que ni siquiera se la haya acusado porque no hay un proceso judicial contra Graña y Montero. Es una intromisión del Congreso en cuestiones jurisdiccionales”.

Si bien el proyecto de ley aún debe ser vista por el Ejecutivo, el cual puede observarla (rechazarla) o promulgarla, la empresa ya evalúa poner una demanda ante el Poder Judicial es caso que se de su publicación.

“Este un error del Congreso de la República y el orden constitucional te dice que el presidente de la República puede promulgarlo u observarla, esto implica un juicio de ver la norma es inconstitucional o si es conveniente para el país. De darse la promulgación presentaremos una demanda ante el Poder Judicial porque es la institución llamada a garantizada el respeto a la Constitución cuando es vulnerada por un abuso del poder público”, explicó Payet.