La última encuesta sobre percepciones de corrupción, elaborada por Ipsos para Proética, muestra que va en aumento la sensación de que la corrupción es el principal problema en el país. Está apenas a cinco puntos de la delincuencia, que sigue ocupando el primer lugar. Si se centra el problema no en el país sino únicamente en el Estado, la corrupción de funcionarios y autoridades toma el primer lugar para un 62% de la población.
Otro dato a tomar en cuenta es que los peruanos encuentran una relación directa entre la corrupción y sus problemas de la vida diaria, pues afirman que esta les reduce las posibilidades de encontrar empleo y les genera un perjuicio a su economía familiar.
A pesar de esta mirada crítica, la encuesta muestra aspectos muy preocupantes que dejan entrever que aún el Perú es un país complaciente con la corrupción, ya que antes de rechazarla directamente buscan razones (excusas) para justificarla, y esto sucede tanto en la vida personal, como en el caso de políticos y empresarios.
Por ejemplo, no llegan ni a 30% aquellos que creen que está mal piratear servicios públicos, pagar para acelerar un trámite o evitar una multa, el resto cree que está bien o tiene una actitud indiferente al respecto. El 15% declara haber pagado coimas, pero se justifican argumentando que “si uno no paga las cosas no funcionan”, o que lo hace “para evitar mayores sanciones”, “por costumbre” o “por ayudar a los funcionarios que ganan poco”.
Esta mirada complaciente se traslada a los políticos. Así, la mitad de los encuestados cree que no se debe sancionar al que roba pero hace obra, y justifica la corrupción, porque considera que “es necesaria para agilizar trámites y procedimientos” o “para facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo”.
También se aplica este mismo criterio al sector empresarial, pues si bien de cada 100 empresarios 71 son percibidos como corruptos, casi el 60% de entrevistados dice que esto es consecuencia de las trabas burocráticas o de la necesidad de los empresarios de trabajar. La sensación de que la mayoría de empresarios son corruptos se mantiene de manera muy similar en todos los niveles socioeconómicos (en el A/B 69%, en el C 70%, en el D 7% y en el E 70%).
La encuesta considera que la informalidad es una de las razones de la corrupción y que mientras más informal sea la empresa mayor es el nivel de corrupción. Según estos resultados, la informalidad y la burocracia, representada por los trámites excesivos, serían la excusa para que las empresas sean corruptas. Sin embargo, no se puede soslayar la responsabilidad de los empresarios bajo esta coartada. No reconocer que en el país hay muchas empresas que invierten y trabajan sin caer en actos de corrupción sería injusto. Usar el argumento de las trabas burocráticas o la informalidad las pintaría como las tontas, como sucede con quienes tributan en la oportunidad que les corresponde sin pensar en eludir tributos o esperar la amnistía tributaria.
Es más, el caso Lava Jato tira por la borda estos argumentos, pues se trata de empresas formales, en megaproyectos que tenían todas las facilidades para su desarrollo y con funcionarios de primer nivel con muy buenos sueldos. Además, ha comprometido a empresas, abogados y consultoras.
Sin duda, la lucha contra la corrupción requiere un trabajo desde varios frentes, como el fortalecimiento de las instituciones que deben hacer cumplir la ley (la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público) y trabajar en reducir la informalidad y el exceso de trámites, pero de ninguna manera se puede afirmar que solo cuando las instituciones funcionen o la informalidad se reduzca, la corrupción se acabará. ¿Acaso no existe corrupción en los países con mayor formalidad como Estados Unidos o Suiza? Reconstituir las instituciones es un paso necesario e imprescindible, tal como lo muestran los resultados del último ranking mundial de competitividad, pero no son suficientes para combatir la corrupción, es por eso que en los últimos meses más de una empresa ha iniciado un proceso interno en el cual la línea ética y de reputación es pilar fundamental.
La corrupción pasa indefectiblemente por un tema ético, y en el caso de las empresas, por lo general, involucra a todos los niveles de la organización; un líder ético exigirá el mismo tipo de comportamiento en todos sus trabajadores. Es verdad que ahora existe un mayor interés por aplicar normas de compliance, pero Odebrecht también las tenía e igual cayó en actos de corrupción.
Para un 32% de los encuestados, las empresas y los gremios empresariales están comprometidos en la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, esta percepción no se condice con lo que se ha visto en los últimos años, sobre todo a nivel de gremios, pues en casi todos los casos su accionar ha sido lento y tardío. Cuando hace dos años el empresario Lelio Balarezo fue sancionado en última instancia por el delito de defraudación tributaria ocupaba altos cargos en dos gremios empresariales, y a pesar de que el juicio fue largo, ninguno los dos tomó la decisión de, por lo menos, separarlo de su cargo mientras el proceso terminaba, aduciendo que su reglamento interno no establecía esta posibilidad. El mismo argumento utilizó el gremio al que pertenecía Odebrecht, que lo mantuvo como miembro a pesar de los procesos que ya se le seguían en Brasil.
El gran reto de los empresarios es revertir la percepción que tiene el país sobre su nivel de corrupción, y para ello los gremios empresariales jugarán un rol preponderante. Tal como señalamos en un editorial a inicios de año, es necesario que los códigos de ética de los gremios empresariales no sean letra muerta, para lo cual se requiere, entre otros cambios, que la sanción a una empresa no sea únicamente la expulsión, sino también que los responsables de la misma tengan que resarcir su falta.
