¿Nos podemos permitir unos presupuestos expansivos?

Miguel Cardoso
Economista Jefe para España de BBVA Research

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 apuntan, por primera vez desde el inicio de la crisis, a un tono entre neutral y expansivo de la política fiscal. Esto será posible gracias a dos factores.

En primer lugar, tanto la prima que tiene que pagar España por su financiación, como que los tipos de interés libres de riesgo han descendido considerablemente más de lo que se esperaba durante el último año (250 puntos básicos en el caso de la previsión de BBVA Research para 2015). Detrás de lo anterior se encuentran tanto las decisiones tomadas en España y Europa, como la acción decisiva del Banco Central Europeo.

En segundo lugar, hemos observado una recuperación más intensa que la esperada. Esto no sólo se ha producido en el crecimiento del PIB, sino también en la creación de empleo y en el aumento del consumo privado.

Lo anterior ha supuesto una mayor disminución del gasto en prestaciones por desempleo que la prevista, y aumentos por encima de lo previsto en las cotizaciones a la seguridad social y en la recaudación por IVA.

Esta mejora cíclica y el descenso esperado en el pago por intereses, permitirán que el Gobierno cumpla con el objetivo de déficit este y el siguiente año sin implementar muchas de las medidas que se tenían previstas.

En particular, de haberse cumplido las previsiones de actividad e intereses que se tenían hace un año, se estima que para llegar al objetivo de 2015 se tendrían que haber puesto en marcha medidas adicionales por alrededor de 2% del PIB entre 2014 y 2015.

Por el contrario, los datos sugieren que sólo con la mejora cíclica y el menor pago por intereses, el déficit podría quedar incluso por debajo del 4% del PIB a finales de 2015, lo que permitirá al Gobierno bajar el tipo medio del IRPF y aún así cumplir con la meta de déficit público. Es así como hemos pasado de una política que se esperaba continuara siendo restrictiva a una que será levemente expansiva.

La combinación de unas políticas monetaria y fiscal más laxas no se observaba en España desde el inicio de la crisis. Por lo tanto, el cambio es bienvenido y apoya que la economía pueda crecer nuevamente en 2015.

Sin embargo, existen varios factores a tener en cuenta. El primero es preguntarse si con el espacio que se ha conseguido se han tomado las medidas que puedan maximizar el impacto del impulso fiscal.

La respuesta es negativa, ya que aunque la reducción del IRPF incrementará el ingreso disponible, y por lo tanto, la demanda interna, parte del impulso se filtrará hacia las importaciones, reduciendo el efecto sobre el PIB. Puestos a disminuir impuestos, hubiera sido recomendable bajar las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el empleador, lo que habría maximizado el efecto sobre el empleo.

En segundo lugar, cabe preguntarse si nos podemos permitir el lujo de implementar una política fiscal expansiva. Durante los últimos años, la falta de credibilidad sobre la capacidad de reducir el déficit público, la incertidumbre sobre el coste de la reestructuración de una parte del sector financiero y las dudas sobre la capacidad de crecimiento de la economía lo habían impedido.

Sin embargo, los esfuerzos realizados han cambiado para bien la percepción que los acreedores y nuestros socios europeos tienen de España en estos tres aspectos, dándole al país el beneficio de la duda y permitiendo implementar estas políticas.

En todo caso, hay que recordar que simplemente se está trasladando crecimiento del futuro al presente y que nada es gratis. Respecto a esto último, vale la pena decir que el proceso de consolidación fiscal no ha terminado.

De acuerdo a nuestras estimaciones, el déficit estructural (el que observaríamos al eliminar los efectos del ciclo) es de alrededor del 1,5% del PIB.

Dado lo anterior y asumiendo tasas de crecimiento económico (2% anual), inflación (1,5%) y tipos de interés (5%) creíbles a medio plazo, la economía española tardaría más de 20 años en reducir el nivel de endeudamiento público desde el 100% al 60% del PIB, 15 años más tarde que lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Aminorar el endeudamiento público es clave para disminuir la dependencia de la economía de la financiación externa. Clarificar las medidas que serán requeridas a medio plazo para lograr este objetivo, su tamaño y cuándo serán implementadas ayudaría a mantener la confianza que tanto sacrificio ha costado recuperar.