CONSULTA PREVIA. Hace seis años se aprobó la ley de consulta previa que reconocía el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados sobre las normas o proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente sus derechos colectivos. Un año después se aprobó su reglamento. Hasta el momento se han realizado 34 procesos de consulta previa con la participación de 1,000 localidades de 10 regiones del país.

Sin embargo, desde el inicio, el Estado no supo explicar adecuadamente cuáles eran los alcances y sobre todo los límites de la consulta, lo que llevó a confusiones y en algunos casos a que grupos con intereses políticos buscarán manipular a las comunidades afectadas convirtiendo una figura que fue creada para lograr acuerdos y viabilizar proyectos, solo en un mecanismo de oposición.

Por ejemplo, la norma establece que, salvo que se logre un acuerdo, la consulta previa no es vinculante, pero muchas veces las comunidades afectadas creen que su rechazo debe impedir el avance de un proyecto. Además, la consulta previa no se aplica en todos los proyectos ni cualquier comunidad puede reclamar su convocatoria pues deben estar reconocidas como tales.

Lamentablemente, este mecanismo se ha desnaturalizado, al punto que en algunos casos se busca hacer una consulta previa en proyectos que se encontraban en marcha antes de la dación de la norma, incluso con el aval del Poder Judicial, como sucede con el fallo judicial referido al lote 116.

También ha ayudado a este clima de conflicto el mal uso de las mesas de diálogo que, aún luego de llegar a acuerdos vinculantes, nunca terminan de cerrarse y permanecen con la agenda abierta sobre todo cuando cambian los dirigentes de los frentes. Esta situación termina sacándole la vuelta a la ley; primero, porque en dichas mesas participan –como una de las partes– personas que no necesariamente tienen la representatividad que se irrogan y, segundo, porque en más de una ocasión se termina negociando la aplicación de las normas de manera antojadiza.

Es necesario que desde el Ejecutivo se inicie un trabajo serio para, más allá de populismos, aplicar las normas. Esta labor debería estar en manos de la fantasmal Secretaría de Gestión Social y Diálogo, en concordancia con el Viceministerio de Interculturalidad. Si no se corrigen los errores mostrados hasta el momento, se terminará dando la razón a quienes siempre criticaron, por ineficaz, este mecanismo.