DEFORESTACIÓN. La protección del medio ambiente ha pasado de un segundo plano en el Gobierno pasado, a estar prácticamente ausente en la agenda del Gobierno actual (salvo que el perfil bajo no permita dar a conocer lo que se está haciendo), y no se percibe mucho compromiso por implementar y hacer respetar la legislación. La entidad responsable de articular la política del sector –el Ministerio del Ambiente (Minam)– parece haber limitado su trabajo a la organización de talleres y la firma de convenios, pues se desconoce si está llevando a cabo acciones para luchar contra amenazas como la deforestación.

Un caso notorio es la falta de supervisión sobre el uso de los bosques otorgados en concesión. Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que ese mandato no se está respetando. El estudio incluye los casos de tres empresas (una en Loreto y las otras dos en Ucayali) que recibieron bosques en concesión, pero los reemplazaron por cultivos de cacao y palma aceitera, es decir, han deforestado esas áreas.

Estamos hablando de más de 20,000 hectáreas de bosque convertidas en plantaciones sin haber recibido la autorización respectiva y, encima, sin haber sido sancionadas por no respetar la ley. Si bien la autoridad encargada de esas acciones es el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), le correspondería al Minam exigirle explicaciones por tamaño descuido, y comunicar a la opinión pública qué acciones correctivas aplicará para que algo así no vuelva a suceder.

El informe también revela que los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali vienen otorgando constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, en áreas cercanas a proyectos de cacao y palma, sin contar con la correspondiente clasificación de tierras. Por lo visto, los talleres informativos del Minam no están surtiendo efecto, o todavía no han tocado el tema en sus charlas, pese a que se trata de un asunto prioritario.

Lo que más alarma es que estos casos involucran a empresas formales, a las que supuestamente es menos complicado supervisar y hacer que cumplan las leyes. Y si el trabajo del Gobierno con las formales es así de mediocre, las esperanzas de que combata eficientemente la tala ilegal –en zonas como Madre de Dios– casi no existen. Una última pregunta para el Minam: ¿Ya se adecuaron los ministerios a las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental?