TAREA PENDIENTE. El último ranking de competitividad del WEF muestra que uno de los pilares donde el retroceso del Perú fue dramático es el referido a instituciones (10 posiciones), que incluye temas desde independencia judicial, carga de la regulación gubernamental, fiabilidad de los servicios policiales, marco jurídico en la solución de controversias, confianza en los políticos, corrupción, hasta eficacia en el gasto público.

Lamentablemente, en los últimos años es muy poco lo que los tres poderes del Estado han hecho para mejorar la institucionalidad del país.

Por ejemplo, el Poder Judicial no ha podido generar confianza o lograr que la población crea que es independiente. No solo se trata de los ciudadanos o las empresas, incluso los políticos desconfían de la labor que realiza la judicatura. Lo peor es que la sensación es que se trata de una causa perdida, y el Poder Judicial deberá trabajar mucho para cambiar esta situación que, más que una percepción, es una realidad. Los procesos de lucha contra la corrupción deben ser su oportunidad de cambio.

En el caso del Poder Legislativo, los congresistas están intentando dar algunos pasos de cambio de rumbo con las modificaciones que realiza a la Ley de Partidos Políticos, pero sin asumir una tarea más integral.

La responsabilidad del Legislativo es grande, pues debe demostrar que, más allá de los intereses de cada partido, puede aprobar normas con el objetivo de fortalecer la institucionalidad. Temas como el financiamiento de los partidos políticos son vitales para evitar las denuncias de lavados de activos o prebendas. Pero, más allá de ello, no solo se requiere una ley, sino reformas constitucionales como la discusión sobre el retorno a la bicameralidad o la renovación del Congreso por mitades.

Una de las modificaciones planteadas es el de establecer que solo las organizaciones de alcance regional o departamental puedan participar en las elecciones regionales y municipales, eliminando a las organizaciones distritales y provinciales. El argumento es que muchos de estos movimientos son apenas “vientres de alquiler”. Si bien esta norma puede ser beneficiosa, no queda claro el interés del Congreso por tratar de aprobarla para que esté vigente en las elecciones del 2018. Sobre todo, cuando muchos de esos grupos ya están preparando su participación.

Si el objetivo es fortalecer la institucionalidad, los cambios normativos de último minuto no ayudan, como tampoco aprobar leyes inconexas.