POLÍTICA LABORAL. El incendio en la galería Nicolini puso en primer plano la situación laboral en la que trabajan los jóvenes allí y en varios lugares del país. La informalidad e ilegalidad laboral no es novedad, pero muchas veces las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y el Congreso prefieren darle la espalda a la realidad.
Las noticias de los últimos días han mostrado las fallas —como la falta de fiscalización— y las carencias que existen —como la falta de personal en la Sunafil o en los municipios—. Pero también dejó en claro que las normas vigentes son ineficientes para regular la realidad labora que existe en el país.
El principal objetivo de la formalización debe ser acercar a los trabajadores al empleo adecuado y con ese objetivo el Ejecutivo planteó un proyecto para fomentar el empleo juvenil que implica que el Estado asuma el gasto que las empresas deberían cubrir por Essalud. No es una solución perfecta, pues implica un subsidio, pero es una forma de empezar a atacar el problema. Sin embargo, antes que realizar un debate, se ha preferido desacreditar la propuesta argumentando que recorta beneficios.
Lamentablemente, llevar adelante los cambios laborales que plantea el Ejecutivo será muy complicado dado que la Comisión de Trabajo del Congreso está en manos de Frente Amplio y hasta el momento su titular, Hernando Cevallos, se ha mostrado en contra de las propuestas planteadas. No se entiende lo negativo que es para los propios trabajadores mantener la rigidez laboral. Se legisla con ojos de los años ochenta. Desde el Parlamento son al menos 20 las iniciativas legislativas que tienen esta finalidad. Entre ellas está la ya aprobada ley que nivela las pensiones de policías y militares con la cédula viva y proyectos como la nulidad de los despidos sin causa. Es decir, los planteamientos son maximalistas, y si bien pretenden proteger a quienes ya cuentan con un empleo, en la práctica desatienden a los desempleados o subempleados, alejándolos de un trabajo formal.
Frente a la postura del Congreso le corresponde al Gobierno buscar nuevas alternativas, lo que significa replantear la estrategia del Ministerio de Trabajo, dado que el Consejo Nacional de Trabajo no funcionó como se esperaba. Dado que la desaceleración de la economía se mantiene viva, es imprescindible actuar.
