REFORMA LABORAL. En marzo de este año, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para promover la contratación de jóvenes, el cual establece que el Estado asuma el costo de la seguridad social en salud –actualmente a cargo del empleador– siempre que la empresa contrate formalmente a un joven en su planilla, y le otorgue todos los beneficios laborales y de seguridad social.
A pesar del tiempo transcurrido, el Congreso sigue sin mostrar avances en el proyecto debido a la oposición de algunos grupos y al interés por incluir beneficios tributarios que podrían terminar desnaturalizando la norma. Una decisión que solo perjudica al alto nivel de jóvenes desempleados que tratan de obtener un puesto de trabajo.

Esta propuesta y una para fortalecer la Sunafil, son los únicos proyectos propuestos desde el Gobierno en materia laboral. Recientemente, el ministro anunció la intención de prorrogar la vigencia del régimen agrario condicionado al otorgamiento de mayores beneficios a los trabajadores, pero aún no se ha presentado el proyecto al Parlamento.

A pesar de haber declarado sobre la necesidad de reducir el número de regímenes laborales existentes, fomentar el uso de la remuneración integral anual —que hoy se usa solo para quienes ganen más de 2 UIT—, aumentar los topes para la indemnización por despido e, incluso, contar con un código de trabajo que integre todos los regímenes laborales, el ministro de Trabajo parece no tener el apoyo suficiente al interior del Consejo de Ministros para llevar adelante estos cambios, mucho menos para intentar una verdadera reforma laboral.

Incluso, el informe final de la Comisión de Protección Social, que analizó el seguro de desempleo y una reforma al sistema de pensiones, no tiene cuándo darse a conocer, y todo indica que hasta el momento sería dejado de lado, pues no tendría el visto bueno del Gabinete para su implementación.
Es verdad que reformas de este tipo, que pueden generar oposición desde ambos lados de la relación laboral y que conllevan ruido político, no son fáciles de encarar. Sin embargo, la labor del Gobierno no es dictar medidas que sean del agrado de todos, sino las que realmente sirvan para ayudar al crecimiento del país. Dejar de lado una verdadera reforma laboral, que incluya también al sector público, le puede “facilitar” la vida al Gobierno, pero posterga por cinco años más el avance que el país necesita.