Editorial: Limpiando el sector público

Editorial de Gestión. “Detectar los casos de corrupción no es tarea sencilla, sobre todo los de mayor envergadura”.

INHABILITACIÓN. En materia de lucha contra la corrupción en el Estado un eslabón importante a atacar son los funcionarios que aceptan ser sobornados o lo solicitan. El Código Penal sanciona los delitos contra la administración pública y en términos generales ya establecía la inhabilitación de manera accesoria, que no es otra cosa que la privación o suspensión de uno o más derechos políticos, civiles y profesionales (llamada muerte civil). Es decir, la persona que infringe su cargo o abusa de su posición de poder para delinquir perderá el derecho de volver a trabajar en la administración pública.

Con los decretos legislativos dictados por el Gobierno se amplía el uso de la llamada muerte civil y se establece un nuevo plazo máximo de 20 años en 17 delitos, entre los que se encuentran concusión, colusión, peculado, malversación de fondos, cohecho, soborno, entre otros. Incluso, en ciertos supuestos, se habla de una inhabilitación permanente, pero en la práctica esta puede ser revisada pasados los 20 años. Hay que destacar que la norma ha incluido también a los “privados” que participan del delito, es decir la inhabilitación no es solo para los funcionarios.

Además, se ha creado un registro de condenados para facilitar la información y que cada entidad deberá revisar obligatoriamente para impedir la contratación de alguien sancionado. Ahora las entidades del Estado podrán despedir a quienes tengan condenas por corrupción, sin importar el tiempo transcurrido del hecho.

Todas las medidas van en el sentido correcto, pero como casi siempre el problema no son las normas sino su aplicación. Detectar los casos de corrupción no es tarea sencilla, sobre todo los de mayor envergadura —como está quedando demostrado con el caso Odebrecht— y llevar adelante los procesos también toma su tiempo. Todo ello puede generar que muchos de los delitos prescriban antes de poder ser sancionados y con ello los culpables, por más pruebas que existan, podrían nunca ser llevados a juicio.
Corresponde ahora, primero a la Fiscalía y luego al Poder Judicial, trabajar para que los procesos puedan llevarse en el menor tiempo posible, siempre respetando el debido proceso de manera tal que cada funcionario pueda asumir la culpa que le corresponde y pagar por los delitos cometidos.

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