EFE.- Los conflictos sociales en Perú bajaron a 177 en junio pasado tras un semestre marcado por la emergencia generada por el fenómeno del Niño costero, una menor inversión en minería y un descenso en el precio internacional de los metales, informó hoy el Observatorio de Conflictos Mineros.
El número de conflictos sociales en Perú derivados, en su gran mayoría, de las actividades extractivas pasó del máximo de 210 registrados en 2014 a 177 en junio pasado, de acuerdo con el reporte del observatorio que cita datos la Defensoría del Pueblo.
Entre los factores señalados por el observatorio están el fenómeno climático del “Niño Costero” y la emergencia declarada en gran parte del territorio del Perú por los más de 140 muertos y más de un millón de afectados por las inundaciones y lluvias a inicios de año.
Asimismo, la tendencia a una menor inversión en sectores como el minero, además de las variables internacionales como la baja del precio de los metales.
El informe alerta que hay un claro debilitamiento de las normas ambientales en Perú, como el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, donde ha perdido rectoría en el ordenamiento territorial.
También se citó el Decreto Supremo que modificó los Estándares de Calidad Ambiental de aire vigentes a nivel nacional, respecto al parámetro de dióxido de azufre en la fundición de La Oroya, en el centro del país.
Con esta norma se modificó el Estandar de Calidad Ambiental (ECA) del dióxido de azufre (SO2), pasando de 80 y 20 ug/m3 (microgramos/metro cúbico) para 24 horas a 250 ug/m3 para 24 horas.
El incremento del valor de concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico La Oroya, precisó el informe del observatorio.
La región andina de Ancash ha pasado en los últimos meses a convertirse en la región con el mayor número de conflictos, principalmente vinculados a la minería, y la tercera en producción de cobre debido a que sus principales operaciones ya han alcanzado sus máximos niveles de producción.
La región norteña de Cajamarca preocupa por la supuesta criminalización de la protesta a líderes sociales y ambientales, como es el caso de Máxima Acuña, una campesina ganadora del prestigioso premio medioambiental Goldman que se enfrenta a la minera Yanacocha por la posesión de unas tierras en una zona cercana al suspendido proyecto Conga.
“Hasta el momento no existe un mecanismo eficiente del Estado que pueda responder a los riesgos reales que los defensores ambientales enfrentan”, afirmó el Observatorio de Conflictos Mineros.
Los conflictos se concentran en el sur 33 % y norte 31 %, mientras que la zona centro y las regiones amazónicas tienen una menor participación con 21 % y 12 %, respectivamente.
Los socioambientales son los más numerosos (75,2 %), y dentro de ellos destacan los conflictos mineros con 65,9 % del total.
