El pleno del Congreso aprobó en la víspera modificar el Decreto de Urgencia 003-2017 para que las empresas peruanas que actuaron como socias o consorciadas con la empresa brasileña Odebrecht sean comprendidas en la retención de sus utilidades supuestamente mal habidas.

Esta medida implica las ganancias sobre los contratos vigentes con el Estado con la finalidad de asegurar la reparación civil y asegurar la cadena de pagos a los trabajadores y contratistas por un plazo de seis años.

Durante la sustentación del dictamen de la Comisión de Constitución, que estuvo a cargo de la congresista de Fuerza Popular Ursula Letona, dijo que quieren demostrar al pueblo peruano que el actual Parlamento quiere alejar el flagelo de la corrupción de los espacios públicos.

El dictamen fue elaborado en forma conjunta con la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y la primera votación de los nuevos alcances del DU 003 que tuvo 55 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, exonerándose a la segunda votación.

Graña y Montero responde
Graña y Montero considera que la medida es inconstitucional, dado que afecta los intereses de las empresas y sus más de 23,000 trabajadores.

“El Grupo Graña y Montero tomará las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho a la presunción de inocencia, tal y como establece la Constitución Política del Perú”, sostienen.

Cabe indicar que, según recoge El Comercio Marcelo Odebrecht reveló que las empresas consorciadas sabían lo que estaban haciendo y que la única con la que tenía un contacto especial era Graña y Montero.