Con miras a mejorar el sistema de control, la Contraloría dispuso que los auditores fortalezcan el proceso de identificación de responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores públicos cuando realicen auditorías de cumplimiento.

En ese sentido, se ha establecido que la Comisión Auditora que identifique una presunta responsabilidad administrativa grave o muy grave, elabore un análisis jurídico que sustente detalladamente la infracción cometida, el cual será anexado al informe de control.

Como la normativa anterior no exigía que se realice este sustento legal para derivar a un funcionario o servidor al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), actualmente existen más de 23,000 casos de funcionarios o servidores con presunta infracción administrativa grave o muy grave que está inmerso en este proceso.

¿Cuál es el cambio? Con la actual normativa, la Comisión Auditora debe elaborar un análisis jurídico donde describa la participación de los funcionarios o servidores públicos en los hechos observados, la identificación y sustentación de la presunta infracción grave o muy grave, la conducta atribuible, relación de causalidad, así como el presunto perjuicio al Estado o la afectación causada a la vida, la salud pública o a otro bien jurídico protegido.

Este análisis jurídico será elaborado y suscrito por el abogado, el jefe y el supervisor de la Comisión Auditora, su elaboración como anexo al Informe de Auditoría de Cumplimiento, es exigible en caso de identificarse una presunta infracción.

La Contraloría explicó que la elaboración de este análisis jurídico y su inclusión en el Informe de Auditoría facilitará a los Órganos Instructores evaluar el caso cuando sea derivado al PAS o pase al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), quienes actuarán dentro del marco de su competencia.

Propósitos
Con una mejor identificación de responsabilidades, se optimizará la efectividad de las acciones de control y se garantizará una mejor ponderación y verificación de los casos de presuntos funcionarios o servidores que ameritan ser derivados al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), proceso que puede culminar con la suspensión o inhabilitación temporal del infractor.

Actualmente, existen más de 23,000 funcionarios y servidores que se encuentran a nivel nacional en el PAS por presuntas infracciones graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones.

De ellos, más de 1,500 se encuentran con sentencia firme, cifra que representa el 0.1% de toda la administración pública del país.

Una de las infracciones administrativas más frecuentes (sancionadas por el PAS) es actuar parcializadamente en las contrataciones públicas.