EFE.- El presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Dimitris Christopoulos, manifestó su oposición a un eventual indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, pero no ve problema en que abandone la prisión si una comisión independiente de médicos así lo considera.

“No se puede perdonar las violaciones a los derechos humanos, pero si hay una comisión independiente de médicos que determina que la persona en cuestión está enferma y no puede continuar en la cárcel, no tengo problema”, dijo Christopoulos en una entrevista con Efe.

El activista griego destacó que los defensores de los derechos humanos han luchado durante mucho tiempo para que no exista impunidad con los crímenes de lesa humanidad.

Christopoulos explicó que Fujimori fue una de las razones por las que la FIDH decidió celebrar en Lima el seminario “Derechos y lucha contra la corrupción”.

El presidente de la FIDH consideró que Fujimori es un ejemplo de la fuerte conexión entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

“Vemos que la corrupción no va sola, le acompañan crímenes muy graves. Perú es además un caso de estado donde no se le prestó mucha atención a la corrupción en su transición a la democracia”, opinó Christopoulos.

Al estar condenado por delitos de lesa humanidad, Fujimori, de 79 años, solo puede acceder al indulto humanitario, gracia extraordinaria que otorga el presidente de la República en caso de que sufra una enfermedad grave o terminal cuyo estado se agudice por las condiciones carcelarias.

Fujimori está recluido en una prisión construida expresamente para albergarlo, con atención médica permanente para controlar algunos males crónicos que padece como una hernia, hipertensión, arritmia, gastritis y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.

Esas dolencias le obligan a ser trasladado periódicamente a clínicas de Lima, lo que motivó sendas solicitudes de indulto, una pedida por sus hijos, que fue rechazada en 2013 por el entonces presidente Ollanta Humala, y otra por el mismo Fujimori hecha el año pasado, que retiró al saber que tampoco tendría éxito.

El exgobernante fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de la muerte de 25 personas en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina.

También por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer tras el “autogolpe” de Estado que dio el 5 de abril de 1992.