El 27 de junio, la Comisión de Constitución, que entonces presidía Miguel Torres, aprobó con ocho votos a favor el dictamen que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017, emitido por el Ejecutivo.
Este plantea suspender el derecho de las empresas exsocias de Odebrecht a transferir al exterior sus utilidades y capitales, para asegurar el pago de la reparación civil (ver tabla).
Si bien el documento debió votarse en el pleno a los días siguientes de ser aprobado, quedó en el limbo por el término de la legislatura.
Sin embargo, en este nuevo periodo, en el que una vez más Fuerza Popular tiene la presidencia del Parlamento y la primera vicepresidencia, el debate del dictamen será inexorable.
En diálogo con Gestión, el vocero del fujimorismo, Daniel Salaverry, indicó que este y otros temas de materia de lucha anticorrupción serán prioridad en el pleno.
“Vamos a esperar que se instalen las comisiones y retomen todos los dictámenes que están en agenda y esperemos que sea cuanto antes. Quien debe sustentarlos es el presidente de la Comisión de Constitución”, declaró.
Precisamente, hoy inician las instalaciones de algunas comisiones ordinarias. La congresista fujimorista Úrsula Letona será la sucesora de Miguel Torres.
Cuestionamientos
En entrevista con este diario, Torres señaló que la discusión del dictamen -impulsado a propuesta de Karina Beteta- será uno de los primeros en la agenda del hemiciclo. (Gestión 27.07.2017).
Cuestionó que la norma del Ejecutivo omite si la Procuraduría debe realizar actos para cautelar los intereses del Estado .
“Parece que han creado un decreto para que no se haga ninguna medida cautelar, ni incautación y así protejan a las grandes empresas”, aseguró el fujimorista.
Comisión para la reparación
De otro lado, el congresista Armando Villanueva (AP) presentó un proyecto de ley que busca crear una comisión especial encargada de determinar el monto estimado de la reparación civil a favor del Estado que deberán pagar las empresas comprendidas en el Decreto de Urgencia 003, entre ellas, Odebrecht.
Dicho grupo estaría conformada por el procurador ad hoc Jorge Ramírez, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, el contralor Nelson Shack, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, el titular de Economía, Fernando Zavala y otros.
De acuerdo al documento, la comisión tendrá 30 días de plazo para presentar sus respectivas propuestas.
Para tal efecto, se deberá tener en cuenta los contratos pendientes de ejecución, así como todos aquellos que, habiendo sido concluidos, fueron ejecutados por estas empresas.
