La consultora Macroconsult señaló que en la últimas semanas en el Perú se han producido decisiones que pueden afectar la sana convivencia de los mecanismos de contrapeso institucional que la Constitución da al país y que pueden generar crecientes niveles de tensión entre ellos.

Dio como ejemplo las discusiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, sobre si el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe atender los requerimientos de asistencia presencial que le plantea la Comisión Investigadora Lava Jato del Congreso.

Frente a este requerimiento, los representantes del Ejecutivo recuerdan la protección constitucional que tiene PPK como representante de la Nación.

A esto se suma la presentación de una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por parte del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salavery, lo cual fue inicialmente a título personal pero luego fue adoptada por la bancada mayoritaria del Congreso.

“Esta medida puede verse también como una respuesta a la acusación fiscal de lavado de activos y crimen organizado donde involucran a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En ese sentido, la consultora señaló que en el pasado no muy lejano se vieron en el Perú situaciones claras de abuso de poder por medio de la acción de un Ejecutivo autoritario con mayoría legislativa y con manipulación directa de la Fiscalía, el Poder Electoral y el Judicial.

“Sus consecuencias fueron nefastas”, enfatizó.

Sin embargo, señaló que el entorno actual es de un Ejecutivo “débil sin mayoría en el Congreso”, que durante el primer año de gobierno se caracterizó por un enfrentamiento centrado en cuestionamientos a ministros específicos.

“Esta situación terminó con el gabinete Zavala y su reemplazo fue Mercedes Aráoz, estableciéndose una cierta atmósfera de distensión que hoy parece estarse agotando”, dijo Macroconsult.

Advierte que el riesgo de conflicto en la actualidad es diferencia pues afecta directamente, por un lado, al presidente Kuczynski con el Congreso y, por otro, al Congreso con las autoridades de la Fiscalía.

“Un choque de poderes es indeseable y daña el sistema político y al Estado en general. En el poco deseable caso que este enfrentamiento se agudice durante las próximas semanas, puede tener como consecuencia el deterioro del ambiente político, junto con la elevación de la incertidumbre para los tomadores de decisiones económicas y para la aún incipiente reactivación de la economía”, anotó.