(AFP) Los cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur) se reunirán este sábado en Sao Paulo para discutir la situación de Venezuela, que se espera sea suspendida políticamente por sus socios debido a la crisis institucional que atraviesa el país.
Sería la segunda vez que el bloque fundado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay suspende uno de sus miembros invocando la ‘cláusula democrática’, como lo hizo con Paraguay en el 2012 tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
Hay expectativa de que en el encuentro en Sao Paulo, previsto para las 11:00 (14:00 GMT), los cuatro países alcancen un acuerdo para suspender a Venezuela “por la ruptura del orden democrático”, dijo a la AFP una fuente diplomática brasileña.
En la práctica, esto cambiaría poco la situación del país en el grupo, ya que Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur desde diciembre por incumplir obligaciones comerciales con las que se comprometió cuando se incorporó en el 2012.
Tampoco implicaría una expulsión de Venezuela del Mercosur.
Pero una suspensión por razones “democráticas” tendría un impacto político mucho mayor que las medidas tomadas hasta ahora, estiman observadores.
Censura de Mercosur
“Sería un golpe muy duro para la situación internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Es una censura de los países del Mercosur a lo que el Estado venezolano ha hecho a lo largo de los últimos meses”, dijo a la AFP Mauricio Santoro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Venezuela “enfrenta hoy la posibilidad de tornarse un paria internacional en América Latina”, añadió.
La llamada “cláusula democrática” (Protocolo de Ushuaia) fue activada por los países del bloque en abril, cuando ya habían alertado, reunidos en Buenos Aires, una “ruptura del orden democrático” e iniciaron un proceso de consultas, previo a la suspensión.
El punto de quiebre fue la elección el domingo pasado de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional, y el encarcelamiento el martes de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que cumplían prisión domiciliaria.
Ledezma, alcalde de Caracas, fue trasladado nuevamente a su casa este viernes, donde sigue en detención domiciliaria.
La Constituyente será un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido y redactará una nueva Carta Magna, en reemplazo de la que en 1999 impulsó el presidente Hugo Chávez, fallecido en el 2013.
Venezolanos residentes en Sao Paulo convocaron una protesta el sábado para instar a los cancilleres a suspender al país caribeño, donde unas 125 personas murieron desde que comenzó la nueva ola de manifestaciones opositoras en abril.
Suspender, pero no aislar
La decisión de suspender a uno de sus miembros debe ser tomada por consenso, según establece la cláusula democrática, documento firmado en 1998 por los países fundadores junto a Bolivia y Chile.
En vísperas del encuentro, en presidente argentino Mauricio Macri sostuvo que “Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur. Es inaceptable lo que está sucediendo en ese país”.
Brasil, también criticó la elección de la Constituyente y exigió la “liberación inmediata de los presos políticos”.
Uruguay, por su lado, no es partidario de aplicar la cláusula democrática, pero no se opondrá a que esto ocurra si los demás países lo deciden, explicaron fuentes oficiales.
Si se concreta, la suspensión no debería acarrear sanciones económicas, según estiman analistas y ha sugerido el canciller brasileño Aloysio Nunes.
“Eso sólo agravaría la crisis y tornaría aún más duro el castigo que ya pesa sobre el pueblo venezolano”, afirmó Nunes esta semana al periódico O Globo.
Para Santoro, si bien los países de la región pretenden dar a Venezuela un fuerte mensaje político, no buscan aislarlo del continente.
“Hay un esfuerzo de parte de los países de la región de no aislar, simplemente, a Venezuela de cualquier contacto diplomático. Nadie rompió relaciones diplomáticas” hasta ahora, subrayó.
