AFP.- Donald Trump enfrenta protestas masivas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.

La medida recibió críticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata, que busca formas de derrotarlo. También había una creciente inquietud dentro del Partido Republicano.

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Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo.

Mientras, abogados de organizaciones defensoras de los derechos civiles advertían que la batalla legal podía llegar a la Suprema Corte de Justicia.

Miles de ruidosos manifestantes protestaron el domingo en los principales aeropuertos del país por segundo día consecutivo en apoyo a los inmigrantes y refugiados.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso de refugiados durante 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Al menos 109 personas fueron detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. No estaba claro cuántos de ellos permanecía retenidos el domingo.

Asesores de Trump minimizaron la cifra a “un par de docenas”, mientras Canadá ofreció residencia temporal a aquellos que no pudieron viajar a Estados Unidos y quedaron varados en el país.

Conmoción
Bajo fuego en todos los frentes, Trump emitió una nota oficial en la que niega que el decreto sea contra los musulmanes y fustiga a la prensa.

“Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente”, expresó Trump. “Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país”.

Pero la decisión de Trump ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.

Las detenciones en los aeropuertos estadounidenses dejaron a familias divididas: un padre no pudo asistir al casamiento de su hijo, una abuela no pudo reunirse con sus nietos…

Irán, que calificó la medida de “regalo para los extremistas”, es hasta ahora uno de los países más afectados por la cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. En respuesta, Teherán instauró medidas similares contra los estadounidenses.

Protestas
“¡Los refugiados son bienvenidos!” vociferaron el domingo unas 10,000 personas en un parque neoyorquino con vista a la Estatua de la Libertad, símbolo de la llegada de inmigrantes al país desde 1886. Miles protestaron frente a la Casa Blanca.

Las protestas se sucedieron en la terminal Dulles de Washington y en aeropuertos de Los Ángeles, Orlando y Sacramento. Centenares manifestaron en Boston, mientras se organizaban marchas en Atlanta, Denver, Kansas City y Seattle.

Mientras Trump evocaba los atentados del 11 de septiembre de 2001 para explicar las restricciones, ninguno de los países de los que eran oriundos los atacantes -Egipto, Líbano, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos- fue incluido en el decreto. Todos esos países son aliados de Washington.

La incertidumbre reinaba sobre la implementación del decreto. Algunos poseedores de la tarjeta verde de residencia permanente en Estados Unidos afirmaron que se les impidió viajar o que fueron devueltos.

Pero el gobierno de Trump aclaró oficialmente el domingo que los residentes permanentes estaban exceptuados de la prohibición, que afecta a quienes tiene doble nacionalidad.

Justicia
Los fiscales generales de 16 estados de la Unión, todos demócratas, tacharon el domingo de “inconstitucional” al decreto y prometieron recurrir a “todas las herramientas” a su alcance “para luchar contra esta orden inconstitucional, preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación”.

En última instancia, los tribunales derribarán el decreto, señalaron.
Será en efecto la justicia la que decida la suerte del decreto. “Esto acabará probablemente ante el la Corte Suprema”, dijo Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.

El gobierno tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días, el decreto afirma que dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.

Trump no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. “Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!”, tuiteó.