AFP.- Sobre la mesa del diálogo, a la que vuelven a sentarse este viernes el gobierno venezolano y la oposición, están puestos cuatro temas que dejan claras sus profundas diferencias.

Salida electoral
La oposición insiste en un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en el 2016 -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre del 2017, escenario calificado como “una fantasía” por el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello.

“Es evidente que el gobierno no va a ceder”, dijo a la AFP el politólogo Nicmer Evans, quien considera que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alimenta “falsas expectativas” sobre una salida del chavismo del poder, que pueden tener un efecto búmeran.

“Tú puedes decir: quiero mi revocatorio porque es un derecho, pero ¿cómo ejerces ese derecho? No puedes si la institucionalidad no lo convoca”, expresó a su vez el analista Luis Vicente León.

El gobierno afirma que la mesa debe centrarse en resolver la crisis económica.

Presos políticos
Un centenar de opositores están encarcelados en Venezuela según la MUD, entre ellos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el chavismo niega que sean “presos políticos” y señala que están recibiendo castigo por instigar a la violencia y conspirar contra Maduro.

El pasado 1 de noviembre, tras la primera reunión de la mesa de conversaciones, cinco opositores, ninguno de alto perfil, fueron liberados.

“Los dejaron libres como si fuesen secuestrados, siendo un reconocimiento de la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, indicó Evans.

El politólogo subrayó que el tema no está en las prioridades de una ciudadanía golpeada por la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en 475% para el 2016.

Restitución de poderes públicos
La oposición exige que su mayoría en el Parlamento sea reconocida, después de que casi todas sus decisiones fueran anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La máxima corte declaró a los asambleístas en desacato por incorporar tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.

Para el oficialismo, cualquier medida de la Asamblea Nacional es nula mientras continúe en desacato. En tanto, la mayoría opositora inició un proceso para designar nuevas autoridades en el TSJ y el Poder Electoral, a cuyos actuales integrantes acusa de servir al gobierno.

“Entendiendo la defensa a los diputados (impugnados), pero mantenerlos le ha dado al gobierno una razón para seguir ganando tiempo”, advierte Evans.

Canal humanitario
El gobierno reconoce la existencia de una grave crisis económica, pero denuncia que es producto de una “guerra” empresarial para derrocar a Maduro.

Mientras, la oposición pide abrir un canal humanitario para donaciones de alimentos y medicinas desde el exterior, lo que según el chavismo busca crear el terreno para una intervención de Estados Unidos.

En medio de la disputa, “ni unos ni otros están ofreciendo soluciones a la gente”, opinó Evans.

Por su parte, León advirtió que, pese a las profundas diferencias, “sin una negociación no va a haber soluciones estables”.