Bloomberg.- Joan Boix asiste a las manifestaciones separatistas en Cataluña por lo menos desde hace cinco años y contribuye a la campaña para separarse de España.

Pero mientras el Gobierno regional en Barcelona prepara a sus simpatizantes para un esfuerzo final con la esperanza de conseguir la independencia, el ejecutivo de 62 años titubea.

La línea dura habla de abrir una agencia tributaria catalana separada o hacer una huelga general para imponer el proyecto. Pero Boix tiene una empresa de qué preocuparse.

“La mayoría de los empresarios que conozco tienen que hacer pagos de deudas por lo que difícilmente apoyen una huelga indefinida”, dijo.

El presidente regional, Carles Puigdemont, está tratando de aumentar su influencia en tanto los funcionarios en Madrid prometen bloquear sus planes de realizar un referéndum en octubre. Pero los posibles costos de un choque con el Estado español son cada vez más claros para Puigdemont y sus simpatizantes.

El mes pasado, dos altos asesores de Puigdemont fueron interrogados por la Guardia Civil española y el primer ministro, Mariano Rajoy, advirtió a los funcionarios catalanes que podrían enfrentar acusaciones penales si utilizan fondos públicos para facilitar la votación.

Hasta la policía catalana, que Puigdemont quiere emplear para supervisar la votación, podría tener que pensarlo bien: la mayoría de sus salarios los paga Madrid. A fin de cuentas, esas preocupaciones monetarias podrían inclinar la balanza en contra de una medida dramática para muchos catalanes.

Rajoy pidió hoy a los catalanes que muestren “sentido común” y “aíslen a los extremistas y radicales que hoy influyen en el gobierno regional”.

Al final, las preocupaciones por el dinero pueden inclinar la balanza contra la acción dramática de muchos catalanes.

España en recuperación
Pese a las tradiciones e idiomas distintos, la idea de separarse de España no tenía muchos adherentes hasta que la crisis económica, y la corrupción que esta destapó, afectó las finanzas catalanas y socavó la confianza de la región en el Estado español.

El apoyo a la independencia alcanzó un máximo de 49% en 2013, mientras la economía española se contraía por tercer año consecutivo y el desempleo alcanzaba un récord de 26%.

Pero ahora España se está recuperando. El desempleo cayó a 17% y la economía crece a un ritmo de más de 3%. Tras diez años de turbulencia, a los moderados catalanes los pone inquietos la idea de comprometer la recuperación.

Sólo el 35% afirma que Cataluña debería ser independiente, según la agencia de encuestas del Gobierno catalán. Es la cifra más baja en cinco años.

En una entrevista el mes pasado, Puigdemont dijo que quien crea que una mejoría de la economía contendrá el movimiento separatista se equivoca y advirtió a los inversores que el movimiento podría sacudir los mercados de deuda españoles en el próximo otoño boreal.

Otros sostienen que los intentos de intimidación por parte de España, que incluyen una campaña de difamación contra los líderes catalanes, terminarán saliendo por la culata.

“Si ellos estuvieran ganando la batalla política no necesitarían esas tácticas”, dijo Manel Escobet, de 63 años, miembro del secretariado nacional de la Asamblea Nacional Catalana, un grupo que hace campaña por la separación. “La guerra sucia llevada a cabo por el Estado español no hace más que ayudarnos a reunir apoyo”.

Boix no tiene problema en apoyar una huelga por la independencia, siempre y cuando no afecte sus ganancias netas.

“Si piden hacer huelga por un par de días, no hay problema”, dijo. “Hallaremos una forma de compensarlo trabajando un feriado”.

Probablemente eso no baste para obligar a Rajoy a hacer fuertes concesiones.