Bloomberg.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está bajo presión de parte de los principales republicanos en el Congreso para que no ponga fin a un programa de la era del presidente Barack Obama que impide la deportación de inmigrantes traídos ilegalmente al país norteamericano cuando eran niños.
El presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el senador de Utah Orrin Hatch dijeron el viernes que el Congreso, no el presidente, debe abordar el futuro del programa que protege a casi un millón de jóvenes de ser deportados.
“Hay gente en el limbo; son niños que no conocen otro país”, dijo Ryan a una emisora de radio de Wisconsin. “Realmente creo que debería haber una solución legislativa”.
Ryan dijo que había discutido sus puntos de vista con el gobierno. Hatch, el senador republicano con más tiempo en el Congreso, también dijo en una declaración que había instado al presidente a no actuar.
Si bien EE.UU. necesita una aplicación más estricta de la ley de inmigración, “también necesitamos una solución viable y permanente para las personas que entraron ilegalmente a nuestro país como niños sin culpa propia y que han construido sus vidas aquí”, dijo Hatch.
Presidentes ejecutivos
Cientos de altos ejecutivos y líderes empresariales en EE.UU. también firmaron una carta instando a Trump a no desechar el programa. La Casa Blanca dijo esta semana que todavía está revisando el programa adoptado cuando Barack Obama estaba en el cargo.
“Los ’dreamers’ son vitales para el futuro de nuestras empresas y nuestra economía”, escribieron los presidentes ejecutivos de Apple, Tim Cook; de Amazon.com, Jeff Bezos y otros 350 en la carta, que fue publicada en un sitio web el jueves. “Con ellos, crecemos y creamos empleos. Son parte de por qué seguiremos teniendo una ventaja competitiva global”.
Las encuestas muestran que la gran mayoría de los estadounidenses creen que los inmigrantes protegidos de la deportación por el programa, Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA, deben ser autorizados para permanecer en EE.UU.
Trump se enfrenta a una fecha límite para actuar después de que 10 estados amenazaran con un desafío legal si el programa continuaba más allá del 5 de septiembre.
Durante la campaña de 2016, Trump declaró el programa inconstitucional, pero suavizó su punto de vista considerablemente después de asumir el cargo. Su gobierno ha seguido la política de Obama, concediendo nuevos permisos a miles de solicitantes desde enero.
