Las investigaciones a tres obras por más de US$17,000 millones realizadas en el gobierno pasado continúan en la comisión que preside el legislador fujimorista Daniel Salaverry.

Desde octubre del 2016, el grupo multipartidario indaga los presuntos actos de corrupción en el Gasoducto Sur, la Línea 2 del Metro de Lima y la Modernización de la refinería de Talara.

Si bien se emitió un preinforme sobre el Gasoducto Sur, el cual imputa varios delitos a al expresidente Ollanta Humala y su esposa (Gestión 03.03.17), ahora la comisión busca investigar a profundidad al Consejo Directivo de Proinversión que entregó la adjudicación a Odebrecht y Enagás.

De acuerdo al grupo, la Contraloría realizó una auditoría al proceso de selección y encontró irregularidades como la convocatoria a concurso sin reservas de gas certificadas, la incorporación del ingreso anual de US$ 900 millones al concesionario y la descalificación del único postor competidor. Este tenía una oferta de US$ 136 millones más baja.

Además, advierten que se sacó adelante el Gasoducto, pese a que ya había sido licitado en una anterior ocasión, al mismo postor y en mejores condiciones para el Estado. En 2010, la empresa Kuntur Transportadora de Gas—cuyo único accionista era Odebrecht— se hizo con el proyecto con una inversión de solo US$ 1.330 millones.

En 2014, el Consejo Directivo estaba conformado por Luis Castilla (Economía), Carlos Paredes (Transportes), Milton Von Hesse (Vivienda) y Eleodoro Mayorga (Energía). El grupo ha reunido indicios que apuntarían a la comisión de infracciones a la Constitución y de delitos de los mencionados.

“En transcurso de las sesiones, se ha planteado una hipótesis incriminatoria básica, y se acordó citar a los implicados, con la finalidad de escuchar sus descargos”, comentó una fuente.

Línea 2
La Línea 2 del Metro es un proyecto de ejecución y una vez concluido movilizará a un millón de personas de Ate al Callao en 45 minutos. Actualmente está trabado ya que existen discrepancias entre el concesionario (Nuevo Metro de Lima) y el consorcio supervisor (CSIL2).

Este último alertó a Ositran que todos los cambios presentados por el concesionario en los Estudios Definitivos de Ingeniería, en relación a su propuesta técnica y por la que ganó la buena pro, disminuían la cantidad de concreto y acero ofertado inicialmente.

La reducción en el grosor de las paredes representaría un ahorro para el constructor de US$ 100 a US$ 130 millones. “El camino para solucionar estas diferencias es que el concesionario o el Ministerio de Transportes sometan estas controversias a un peritaje técnico. Nunca fue planteado”, advierte la comisión.

Por ello, es que citarán en los próximos días a Patricia Benavente, expresidenta de Ositran, a Carmen Deulofeu, gerenta general del Nuevo Metro de Lima y al ministro de Transportes, Bruno Giuffra para ahondar en el tema.

Asimismo, el grupo tiene la hipótesis de que se convocó al proceso de selección “sin disponer de los terrenos ni tener segura dicha disposición en corto plazo, que el postor único excedió lo permitido por las bases”.

También, manejan la conjetura de que “se optó por la solución técnica más onerosa (tren subterráneo) y la imposición por parte del Consejo Directivo de Proinversión de un tramo sin sustento técnico que debía inaugurarse antes del fin del gobierno de Ollanta Humala”.

Precisamente, según la comisión en un acta del 4 de julio del 2013, el Consejo Directivo le habría dado la instrucción al Comité Pro Integración de Proinversión a fin de que evalúe la alternativa más viable para el tramo 1A (Santa Anita – Vía Evitamiento) en el menor tiempo posible.

Para profundizar las pesquisas requerirán los testimonios de exmiembros del citado comité: Francisco García Calderón, Carlos Puga Pomareda, Gonzalo Ruiz Díaz y Evelyn Aliaga Vizcarra.

Talara
A pesar de que la comisión recién inicia sus investigaciones sobre la Modernización de la refinería de Talara, cree que es inexplicable el salto que la inversión ha experimentado de US$ 1,300 a US$ 5,400 millones.

Asimismo, al grupo le llama la atención el empeño de llevar adelante el proyecto por medio de un proceso de endeudamiento a través de bonos.

“Vamos a investigar detalladamente el proceso de emisión de estos bonos y de encontrar alguna irregularidad o algún conflicto de interés, se procederá de inmediato contra los funcionarios responsables”, manifestaron fuentes.