Tribunal Constitucional rechaza recurso de Toledo contra orden de captura

El abogado Heriberto Jiménez, defensor del expresidente, alegó que Toledo sufrió una vulneración a la pluralidad de instancias o grados, al debido proceso, a su defensa y a la tutela procesal efectiva, cuando el Poder Judicial le denegó la apelación contra la orden de captura y prisión preventiva.

El Tribunal Constitucional de Perú rechazó un hábeas corpus interpuesto por el abogado del expresidente Alejandro Toledo contra la orden de captura y prisión preventiva por 18 meses dictada en febrero por un juez como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.

En la sentencia, publicada hoy, los magistrados declararon improcedente el recurso por cinco votos contra uno y consideraron que no se ha acreditado debidamente la vulneración de los derechos fundamentales de Toledo, imputado por supuestamente haber recibido US$ 20 millones en sobornos de la constructora brasileña.

El abogado Heriberto Jiménez, defensor del expresidente, alegó que Toledo sufrió una vulneración a la pluralidad de instancias o grados, al debido proceso, a su defensa y a la tutela procesal efectiva, cuando el Poder Judicial le denegó la apelación contra la orden de captura y prisión preventiva.

Ese dictamen fue emitido en febrero por el magistrado Richard Concepción, titular de la Primera Sala de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Según las indagaciones hechas por la Fiscalía, Toledo acordó con Odebrecht sobornos por un monto de hasta US$ 20 millones a cambio de adjudicar a la compañía brasileña la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde el océano Pacífico hasta su frontera con Brasil.

Toledo se encuentra actualmente en California (Estados Unidos), donde reside habitualmente, sin que hasta ahora proceda la orden de captura internacional solicitada por las autoridades peruanas.

El caso Odebrecht en Perú se centra en seguir el rastro de los US$ 29 millones que la constructora brasileña admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos para millonarias obras públicas.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.

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