GASTOS. En las últimas semanas, el Congreso ha sido materia de críticas debido al gasto destinado al obsequio de canastas navideñas tanto para sus trabajadores como para los congresistas. A eso se ha sumado la decisión del pleno de exonerarse del tope a los ingresos de funcionarios públicos (6 UIT = S/ 23,700), lo que significa en la práctica que podrían incrementar sus remuneraciones.
Actualmente, considerando su salario (S/15,600) y su bono de representación (S/ 7,614), los congresistas cobran S/ 23,214, que equivalen a US$ 6,827, además cuentan con beneficios como autos (para los miembros de la Mesa Directiva), teléfono y personal a su cargo. Sin duda, no son los parlamentarios mejor pagados del mundo, pero tampoco están en el último lugar del ranking. Por ejemplo, un parlamentario sueco gana 63,800 coronas (US$ 6,800) y paga impuestos por el total de sus ingresos, además no cuenta con secretarias, ni asesores personales, mucho menos auto con chofer.
Es verdad que los congresistas no son los únicos servidores públicos con beneficios, entran en la lista miembros del Ejecutivo, del Poder Judicial, fiscales, personal de las Fuerzas Armadas y un largo etcétera. Si bien en algunos casos puede explicarse la necesidad, por ejemplo, de otorgarles un auto para su transporte, no siempre se justifica que dichos autos deban ser los más lujosos del mercado o que se destinen para el transporte de su familia en horarios laborales.
Un gesto que aplaudiría la ciudadanía sería ver a sus autoridades tratar de vivir un poco más como el ciudadano de a pie. Por ejemplo, usando el transporte público, como sucede en Francia o Inglaterra. Si eso ocurriera podrían conocer de cerca los inconvenientes y seguramente las soluciones se darían con mayor prontitud.
Sin embargo, los cambios no se dan de la noche a la mañana. Por ello, el primer paso debería ser la transparencia de los gastos de manera detallada y de fácil acceso, tal como sucede en Noruega y Reino Unido, ambos países de monarquía constitucional.
Las explicaciones en los gastos, que deben dar todos los servidores públicos que reciban un beneficio adicional a su remuneración, resultan justificadas si se tiene en cuenta que se trata de dinero de todos los peruanos. En el caso del Parlamento, la exigencia es mayor, pues justamente su labor es fiscalizar.
