El Ministerio Público acumuló evidencias de concertación ilegal en la licitación del Gasoducto Sur Peruano para descalificar irregularmente al consorcio competidor de Odebrecht en el proceso de la megaobra.

En un comunicado, la instancia fiscal afirmó que reunió elementos suficientes para acreditar el vínculo que mantenían el expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgard Ramírez Cadenillas, y la directora legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, lo cual habría sido aprovechado por la firma brasilera – integrante del consorcio ganador – en la adjudicación del megaproyecto.

Con ello se dejó afuera al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que era el otro postor en el concurso público, favoreciendo de esa manera a la firma Gasoducto Sur Peruano, originando con ello un perjuicio económico al Estado ascendente a US$ 136 millones.

Antes las evidencias, la Fiscalía solicitó que se condene a siete años de prisión a Edgard Ramírez Cadenillas, quien es investigado por presuntamente haber favorecido irregularmente al Consorcio Gasoducto Sur Peruano.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, titular del Tercer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, como parte de la acusación contra el exfuncionario de Proinversión por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

El pedido comprende a Claudia Teresa Hokama Kuwae, representante del Consorcio Gasoducto Sur Peruano que resultó ganadora del proceso. En ese sentido, el fiscal Abia solicitó que Hokama Kuwae sea condenada a seis años y seis meses de pena privativa de la libertad en calidad de cómplice primaria del delito de colusión agravada.