El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, señaló que las quejas sobre un supuesto riesgo de que el Estado incumpla con el pago correspondiente a EsSalud establecido en el proyecto de ley de empleo juvenil, poniendo en riesgo su viabilidad económica, no tiene ningún asidero.

“La elevada deuda que en la actualidad mantiene el Estado con EsSalud es de aproximadamente S/ 1,000 millones y proviene principalmente de los gobiernos locales, municipalidades (72 %) y gobiernos regionales (19 %)”, explicó.

En ese sentido, mencionó que menos del 2 % de esta deuda proviene del gobierno central, en su mayoría por adeudos que están en litigio.

“Adicionalmente, existe el compromiso público de los principales representantes del Poder Ejecutivo de asegurar que esta legislación sea exitosa y sostenible en el tiempo”, señaló.

Grados reiterpo que el proyecto de ley que busca incentivar la contratación juvenil, presentado al Congreso de la República hace más de dos meses y que aún no es discutido en la Comisión de Trabajo, beneficiaría en el primer año con trabajo formal a cerca de 50,000 jóvenes peruanos entre 18 a 29 años.

“El Estado invertirá S/ 70 millones para lograr esto, haciéndose responsable del pago de EsSalud y garantizando que los jóvenes contratados bajo esta norma, gozarán de todos los beneficios laborales como CTS, vacaciones, gratificaciones y derechos sindicales”, recalcó.

Grados informó que en el 2016 el desempleo urbano juvenil en el Perú fue de 14.1%, la cifra más alta desde el 2007. A esto se suma que ocho de cada 10 jóvenes peruanos, que sí tienen empleo, están en una situación de subempleo, atrapados por la informalidad.

Asimismo, indicó que la iniciativa legislativa establece que las empresas deberán crear nuevas plazas laborales para contratar a los jóvenes y los contratos deberán ser a tiempo indefinido o a un plazo mínimo de seis meses, dependiendo del tipo de tarea a realizarse y a la modalidad de contratación correspondiente.

Los jóvenes entre 18 y 29 años que se beneficiarán son aquellos que se incorporen por primera vez a un empleo formal, que provengan del empleo informal o tengan un periodo de desempleo de seis meses.

“Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros e ingresó al Congreso con carácter prioritario la tercera semana de marzo y aún, luego de más de dos meses, la Comisión de Trabajo, presidida por el Frente Amplio, aún no la pone en agenda para su discusión”, comentó el ministro.

Por otro lado, atendiendo a preocupaciones presentadas por algunos gremios sindicales, el ministro confirmó que el proyecto de ley no vulnera el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que el costo de las prestaciones concedidas deberá ser financiado colectivamente mediante cotizaciones o impuestos, o por ambos medios a la vez.

“El financiamiento colectivo implica también la participación del Estado, precisamente con la medida propuesta en el proyecto de ley, el Estado subroga de manera temporal la obligación del empleador, facilitando así la contratación laboral de los jóvenes, buscando reducir la informalidad, protegiendo los derechos laborales y el pleno acceso a la seguridad social de los beneficiados”, anotó.