El Grupo México difundió hoy un comunicado en el que subrayó su compromiso con el Perú y con todas las comunidades de “este gran país de vocación minera”, por lo que aseguró haberse ceñido a la legalidad y las normas internacionales en el desarrollo del proyecto minero Tía María, que ha generado una serie de protestas en Arequipa.

“En las varias décadas en las que la empresa ha invertido responsablemente y trabajado de la mano de la comunidad peruana, en todo momento se ha comportado con la más estricta ética y con absoluto apego a la ley y respeto a las instituciones”, dijo la empresa que controla Southern Copper Corporation, que tiene a su cargo el proyecto Tía María.

La compañía enfatizó que ha cumplido con las más estrictas normas internacionales y disposiciones de las autoridades del Perú para desarrollar una minería sustentable y acorde al siglo XXI.

Añadió que durante los años en que se ha gestado el proyecto Tía María, se ha asegurado de obtener todas y cada una de las autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades, a través del Procedimiento de Participación Ciudadana.

“Todo esto con el objeto de construir juntos (autoridades, la empresa y las comunidades) un motor de derrama económica en la región (Arequipa) que a través de crecimiento sostenible y responsable genere más de 2,600 empleos directos e indirectos durante los próximos 20 años, contribuyendo a un mejor desarrollo social”, aseveró.

El Grupo México recordó que Tía María demandará una inversión total de US$ 1,400 millones, con lo cual se podrá producir 120,000 toneladas de cobre electrolítico por año bajo el método de lixiviación y extracción por solventes, que es el proceso más reconocido para “minimizar el impacto ambiental”.

“La empresa modificó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fin de utilizar únicamente agua de mar, transportándola por más de 25 kilómetros de distancia y a una altitud de mil metros sobre el nivel del mar construyendo una planta desalinizadora con una inversión de US$ 95 millones adicionales para su uso en el proceso productivo”, dijo.

“De esta forma, la empresa garantiza que el agua de pozos y presas del Valle del Tambo será utilizada exclusivamente para la agricultura y consumo humano”, apuntó.

La compañía dijo desconocer cuáles pudieran ser los intereses de los activistas que se oponen al proyecto, que han logrado retrasarlo “a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas”.

Finalmente, reiteró su “total respeto a la legislación e instituciones” del Perú, así como su “confianza en las autoridades peruanas y en que prevalecerá el Estado de derecho y la seguridad jurídica, como siempre ha correspondido en el Perú”.