AFP.- La Justicia Federal del estado de Sergipe, en el noreste de Brasil, suspendió temporalmente la venta de 50% del complejo Termobahia de Petrobras a la francesa Total por considerar que infringe “varias normas constitucionales”.

Total y Petrobras anunciaron en diciembre de 2016 una alianza estratégica que contemplaba la compra del 50% de Termobahia, en Bahia (noreste), que incluye las termoeléctricas Rómulo de Almeida y Celso Furtado, además del 22.5% del campo de Iara y el 35% de la operación del campo de Lapa, ambos ubicados en la cuenca de Santos (sureste).

El Ministerio Público brasileño entiende que esa llamada alianza estratégica “en realidad se amolda al programa de desinversión de Petrobras, impugnado por diversas acciones judiciales en todo Brasil”, señala la decisión judicial.

El documento del juzgado de Sergipe, emitido el lunes, sostiene que “la venta de los activos de Petrobras sin licitación está manchada de inconstitucionalidad material, razón por la cual deberá declararse nula de pleno derecho”.

Petrobras dijo en un comunicado que no ha sido notificada de la suspensión, por lo que se pronunciará después de recibir y analizar el texto.

Cuando ambas empresas firmaron el acuerdo en diciembre pasado, el presidente de Petrobras, Pedro Parente, aseguró que el acuerdo con Total no se trataba de una desinversión y que tenía el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que investiga ese tipo de operaciones en la petrolera.

Sofocada por una enorme deuda por el escándalo de corrupción en torno a sus cofres y también por la caída de los precios del crudo, Petrobras había anunciado en septiembre de 2016 un “plan estratégico” que prevé un recorte de 25% de sus proyectos de inversiones para el periodo 2017-2021.

El Ministerio Público brasileño estima que miles de millones de reales fueron desviados de los cofres de Petrobras a lo largo de una década.

El expresidente de la petrolera Aldemir Bendine, sustituido en 2016 por Parente, fue detenido en julio en el marco de esas investigaciones y denunciado este martes por parte de la fiscalía por corrupción, lavado de dinero y organización criminal acusado de recibir tres millones de reales en sobornos de la constructora Odebrecht.