En febrero, el Ejecutivo emitió el decreto supremo 003 que prohíbe a empresas sentenciadas por corrupción o que hayan asumido responsabilidad por delitos de esa índole vender sus activos sin autorización previa del Estado. Tampoco podrán transferir al exterior el íntegro de sus dividendos o utilidades, hasta que se efectúe el pago íntegro de la reparación civil a favor del Estado. Foto: USI