El contralor general de la República, Nelson Shack, presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el Informe de Gestión y proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control, con la finalidad de asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control gubernamental.

La iniciativa legal propone la modificación de los artículos 9, 22, 42, 43, 45, 46, 56 y 57 de la Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y plantea 120 días hábiles para ejecutar la reforma institucional.

En ese sentido, propone que la Contraloría apruebe su estructura orgánica, el reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su modernización.

Durante los 120 días hábiles de plazo, la Contraloría no estará comprendida en los alcances de la Ley N°30057- Ley del Servicio Civil y sus normas complementarias.

Incorporación de los OCI a la Contraloría
Entre las principales modificaciones se propone la transferencia de recursos durante el mes de enero del 2018, para el financiamiento de la incorporación progresiva de los Órganos de Control Institucional (OCI) a favor de la Contraloría, de tal manera que exista una verdadera independencia y objetividad en la labor del auditor.

Cabe señalar que en la actualidad los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo.

Competencias
El proyecto de ley plantea además ampliar la competencia a la Contraloría General de la República para suspender y vacar a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los Gobiernos Regionales; así como a los alcaldes y regidores de los Gobiernos Locales, de incurrir en infracciones graves o muy graves.

Shack Yalta manifestó que en la actualidad, las autoridades elegidas por votación popular se encuentran exceptuadas de responsabilidad administrativa, por ello, explicó la necesidad de una reforma legal que amplíe la competencia de sanción de la Contraloría en esta materia.

Indicó, en ese sentido, que constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional el incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades; incurrir en acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios éticos; realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento; así como incurrir en acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de la función.

De igual forma, manifestó, que la Contraloría planteará fijar en 50 Unidades Impositivas Tributarias – UIT – (S/ 202,500) la multa, según la gravedad de la infracción cometida, cuando los funcionarios o servidores públicos incurran en irregularidades al ejercicio del control.

Las propuestas legislativas presentadas hoy ante la Comisión de Fiscalización contemplan también reducir de cinco a tres los miembros que conforman las Salas del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, las cuales constituyen la última instancia administrativa en el procedimiento sancionador.

Las entidades, sus funcionarios y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al caso en materia de investigación están obligadas a atender cualquier requerimiento del Tribunal Superior en un plazo de siete días hábiles, bajo responsabilidad administrativa funcional, señala la propuesta.