La fiscal general de la nación era identificada como cercana al gobierno, pero de manera inesperada rompió filas con Maduro tras una decisión del Tribunal Supremo que a finales de marzo despojó a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de sus últimas facultades. Desde entonces se ha convertido en una de las más feroces críticas del oficialismo. A finales de junio, el máximo tribunal abrió un proceso para despojarla de sus beneficios legales y poder enjuiciarla por supuestas faltas que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Además le prohibió salir del país y ordenó congelar sus cuentas bancarias. El legislador oficialista que solicitó su enjuiciamiento además pidió una evaluación para probar que no goza de salud mental.