Los defensores de iniciativas de inversión privada y diversos analistas han cuestionado la postura de la Contraloría General para hacer control preventivo en los grandes proyectos que se ejecutan en el país bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y por eso la institución salió al frente.

Mediante un comunicado, la Contraloría detalló los cuatro argumentos que sigue para enfatizar en esta revisión y que deben ser conocidos por la ciudadanía:

1. La Contraloría apuesta por el desarrollo del país y por una inversión privada responsable pero tiene la obligación ineludible de verificar que la gestión de los recursos y los bienes del Estado, así como las prestaciones de servicios, se realicen correctamente en beneficio de todos los peruanos.

2. A fin de asegurar que se cumplan las ofertas y especificaciones contractuales, la Contraloría se ha comprometido a acompañar la ejecución de los grandes proyectos con un control prudente, técnico y responsable que no significará un obstáculo, sino un apoyo para impulsar las inversiones y prevenir posibles irregularidades que afectarían al erario nacional.

3. La modalidad de APP es una experiencia positiva que permite a un agente privado incorporar experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y comparte con el sector público, el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos.

4. La falta de precisión o la modificación sin sustento de aspectos sustanciales en los contratos que realiza el Estado y el privado en este marco legal, podrían ocasionar postergación del inicio de operaciones perjudicando el servicio, ampliaciones de plazos para entrega de obras o incremento de costos entre otras situaciones que arriesgarían tanto la inversión privada, pública y la finalidad social de los proyectos.

“Con el control preventivo y como responsable de salvaguardar los intereses del Estado, la Contraloría General de la República cumple con su función de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la prestación de los servicios a la población”, concluyó.