La titular de la 26º Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, dispuso archivar las denuncias interpuestas contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, junto a otros exlíderes de esa organización por presuntos delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir.

Entre los argumentos de la magistrada en el caso de la denuncia por presunto delito de abusos sexuales al interior del Sodalicio de Vida Cristiana, destacan que, durante las investigaciones, no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos.

“Por el tiempo transcurrido desde la creación de dicho movimiento – más de 40 años – los delitos ya habían prescrito, de haberse cometido”, sostienen, a través de un comunicado.

En lo que concierne a la denuncia por delitos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita, la Fiscalía afirma que pudieron corroborar que, como parte de los estatutos del Sodalicio, para ingresar a dicha institución se requería tener mayoría de edad, por lo que no existían menores de edad al interior de la misma.

De la misma forma, indican que ello pudo ser advertido en el caso de los denunciantes Pedro Salinas, Oscar Osterling, Martín López de Romaña y Vicente López de Romaña, quienes eran mayores de edad cuando ingresaron a esa organización.

Secuestro
La Fiscalía también señala que no se pudo demostrar que el Sodalicio fuera creado para fines ilícitos bajo fachada de una organización religiosa.

“Al ser mayores de edad, ingresaron formalmente a formar parte del Sodalicio e incluso suscribieron voluntariamente diversas cartas en las que solicitaban su ingreso a dicha organización religiosa”, remarca el Ministerio Público.

Añaden que, a ello, se tiene que agregar que, de acuerdo a los estatutos de la institución, existía un periodo de prueba previo al ingreso formal al Sodalicio, por lo que queda descartada la teoría del ‘secuestro mental’ planteada por los denunciantes.

Asimismo, su argumentación se sustenta porque ninguno de los presuntos agraviados presenta actualmente problemas psicológicos derivados de su permanencia en el Sodalicio.

“Las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas. Asimismo, que su ingreso al Sodalicio en los años 80 fue por propia voluntad, al no tener ninguno de ellos certificado alguno que los declare mentalmente incapaces”, sostienen.

Además, de acuerdo a las pruebas del Instituto de Medicina Legal, las presuntas víctimas no presentan evidencias de maltrato físico ni psicológico durante el periodo vivido en el Sodalicio, por lo que queda descartado el presunto delito de lesiones graves.

La decisión de la representante del Ministerio Público es resultado de varios meses de investigaciones dirigidas por su despacho, que incluyeron el traslado de la magistrada a Roma, en octubre último, donde tomó las declaraciones de Figari en la sede de la embajada peruana en Italia.