Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, informó que se aprobó el primer decreto legislativo, que será promulgado en las próximas 48 horas, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso, para modificar el Código Penal a fin de inhabilitar a los sentenciados por corrupción en la gestión pública.

Asimismo, precisó que se va presentar ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el articulo 41 de la Constitución, incorporando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos.

Al respecto, la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó que existen en el parlamento tres proyectos similares a esta iniciativa legislativa, pero de forma distinta recogen la figura de imprescriptibilidad.

“Creemos que podría generarse un vacío dado que el articulo 41 hoy recoge la posibilidad de duplicar el plazo de prescripción, si nosotros modificamos la Constitución y el desarrollo legislativo no se aplica, en la práctica generamos un vacío ya que el desarrollo legislativo podría tomar hasta 4 meses o más, habría un período en que no se duplicaría el plazo de prescripción y en figura simple esos servidores, pudieran beneficiarse”, apuntó en conferencia de prensa.

Muerte civil

Respecto a la norma que inhabilitaría a los sentenciados por corrupción, la titular de Justicia explicó que se ha modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de 2 años y máximo de 20 de duración de pena de inhabilitación principal para los crímenes cometidos contra funcionarios en delitos de corrupción.

“También hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas de fines asistenciales. Se creará un registro único de funcionarios inhabilitados”, apuntó.

Además se dispone la creación de un registro único de condenados inhabilitados para que todos los estamentos del Estado puedan estar protegidos de la posibilidad de que un funcionario sentenciado vuelva a ingresas a la gestión pública.

La ministra de Justicia precisó que esta medida incluye a los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona elegida por mandato popular.