A pesar de los cuatro meses de protestas, más de 120 muertos y una creciente presión diplomática, Nicolás Maduro se ha salido con la suya. El presidente venezolano ha impuesto una fraudulenta asamblea constitutiva para reemplazar al parlamento electo y controlado por la oposición. Está gobernando como un dictador, encarcelando o acosando a decenas de opositores. Esto plantea una pregunta cruda: ¿qué se puede hacer para restablecer la democracia?
En el corto plazo, la respuesta es no mucho. Las protestas se han detenido. Maduro tiene a la oposición donde quiere: dividida en cuanto a participar o no en una elección atrasada para gobernadores regionales el próximo mes, organizada por la misma autoridad electoral que infló descaradamente la participación para el voto de la asamblea constituyente de menos de 4 millones a 8.5 millones. Por ahora, las principales amenazas al régimen de Maduro provienen de otras fuentes –de extranjeros y de su aguda escasez de dinero.
Estados Unidos ha respondido a esta dictadura imponiendo sanciones contra 21 funcionarios venezolanos a quienes el gobierno de Donald Trump responsabiliza por las violaciones de derechos humanos, corrupción y organización de la nueva asamblea. Se les ha negado el visado y los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. El mes pasado la administración Trump fue más allá, imponiendo selectivas sanciones financieras diseñadas para que el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA no puedan recaudar nueva deuda en Nueva York.
La respuesta predecible de Maduro ha sido denunciar la intervención imperialista. Pocos gobiernos latinoamericanos instintivamente se entusiasman con la idea de sanciones ‘Yanqui’; muchos se horrorizaron por el discurso de Trump sobre una “opción militar”. Pero a diferencia del embargo económico contra Cuba, estas sanciones son limitadas y no se extienden a terceros países. Son apoyadas no sólo por conservadores, como el senador republicano Marco Rubio, sino también por grupos de derechos humanos. Sin sanciones, los líderes venezolanos no enfrentarían “ninguna presión tangible” para cambiar su conducta, dice José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, un grupo de presión.
La cuestión es si serán eficaces. Ricky Waddell, el subdirector de seguridad nacional, dijo en una conferencia este mes que las sanciones están dirigidas tanto a castigar al régimen como a presionarlo para que regrese a la democracia. Algunos se preocupan de que esos objetivos son contradictorios.
Los escépticos sostienen que para que las sanciones funcionen deben ser multilaterales (y reversibles si el régimen entabla serias negociaciones con la oposición). Tanto la Unión Europea como los principales países latinoamericanos han denunciado la ruptura de la democracia pero todavía no han tomado muchas medidas. España está presionando a la UE para que imponga sanciones a algunos individuos.
La dictadura de Maduro plantea un desafío diplomático sin precedentes a la democracia latinoamericana. En una reunión en Lima el mes pasado, 11 de los gobiernos de la región (más Canadá) acordaron no reconocer la asamblea constituyente ni apoyar ninguna candidatura venezolana en organismos regionales o internacionales.
Para negar a Venezuela una plataforma, están tratando de posponer una cumbre bienal entre América Latina y la UE prevista para el próximo mes. Pero, como señala un diplomático latinoamericano, la región no parece saber qué medidas tomar. No está claro si el grupo de Lima tiene la capacidad o las agallas de suspender a Venezuela de todos los organismos regionales –lo que dañaría a Maduro de forma simbólica– e investigar las ilícitas fortunas venezolanas.
La respuesta de Maduro a la presión exterior es acercarse aún más a aliados autoritarios. Su gobierno ha restringido salvajemente las importaciones con el fin de continuar pagando su deuda externa de alrededor de US$ 100,000 millones porque teme que si incumple con esta obligación los acreedores se apoderan de envíos de petróleo. Para cumplir con los pagos de la deuda de US$ 4,000 millones más adelante este año, es probable que recurra a Rusia y China para obtener fondos adicionales.
Funcionarios chinos han expresado su preocupación por su exposición a Venezuela, pero es poco probable que suelten un aliado que está en las narices de Estados Unidos. Rusia parece espiar oportunidades: Rosneft, una petrolera rusa, prestó a Venezuela US$ 1,000 millones en abril a cambio de concesiones petroleras. Venezuela pidió recientemente reestructurar su deuda bilateral, según el ministro de Finanzas de Rusia.
Los extranjeros han subestimado reiteradamente la determinación de Maduro de aferrarse al poder a costa de destruir a su país. Sin embargo, es poco probable que su intento a largo plazo de convertir a Venezuela en una dictadura comunista como la cubana tenga éxito. Su régimen es corrupto e impopular. Su país no es una isla y tiene una tradición democrática más fuerte que Cuba. Sin embargo, los opositores, tanto dentro como fuera, tienen mucho trabajo por hacer para poner fin a la pesadilla de Venezuela.
