AP.- Los pagos al presidente del fútbol peruano fueron escondidos bajo el nombre “Fiat”. El dinero para el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue anotado como “Honda”.
Las hojas de cálculo de Excel detallan el sistema de registro encubierto de dinero entregado a “Benz”, ‘‘VW”, ‘‘Toyota”, ‘‘Kia” y “Peugeot” entre otros, incluyendo un par de pagos registrados como “Q2022” que parecen estar relacionados con el voto del comité ejecutivo de la FIFA en 2010 que dio a Catar los derechos para ser la sede de la Copa del Mundo de 2022.
“Básicamente decidimos inventar nombres para cada una de las personas involucradas”, dijo el ejecutivo de mercadotecnia deportiva Santiago Peña en su testimonio el lunes, al inicio de la segunda semana del juicio a tres prominentes dirigentes sudamericanos en una corte federal de Brooklyn.
Peña trabajó para Full Play Group, una compañía con sede en Argentina que ganó los derechos de publicidad para las selecciones sudamericanas en Copa del Mundo, Copa América y Copa Libertadores.
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo que dirigían Full Play, fueron acusados junto con muchos otros dirigentes de alto rango del fútbol en 2015 por la fiscalía estadounidense. Padre e hijo no han sido extraditados hasta ahora.
Peña testificó que grabó el libro de contabilidad de la oficina de Full Play en una unidad de memoria junto con una pila de documentos poco después que las primeras formulaciones de cargos fueran hechas públicas en mayo de 2015 y ocultó la evidencia en su casa por dos años antes de entregarla a los fiscales estadounidenses.
Juan Ángel Napout, el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol; José María Marín, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF); y Manuel Burga, ex presidente de la federación peruana, están en juicio por conspiración por asociación delictiva, conspiración para cometer fraude cibernético y por lavado de dinero.
Rafael Esquivel, el ex presidente de la federación venezolana de fútbol, fue apodado “Benz” y su libro de contabilidad incluía un pago por US$ 750,000 por “Q2022”. Se declaró culpable en noviembre de 2016 de conspiración por asociación delictiva, tres cargos por conspiración para cometer fraude cibernético y otros tres por conspiración por lavado de dinero.
