Pese al desempeño de la economía peruana en los últimos años, la falta de infraestructura física y el déficit en la calidad de la actualmente existente continúan siendo temas desafiantes.

En esa línea, uno de los sectores en los que más se refleja esta carencia es la de agua y saneamiento. De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025, elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) y la Universidad del Pacífico, la brecha en este sector asciende a US$ 12,252 millones, casi un 8% de la brecha de infraestructura total.

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Si bien, el año pasado, la inversión pública en agua y saneamiento representó un 11.6% de la inversión pública total – convirtiéndose en el tercer sector prioritario, luego de los de transporte y educación – la cobertura de este servicio es del 86%, por debajo del promedio de América Latina (97%).

Así, en los últimas semanas, este problema ha gozado de protagonismo entre la opinión pública como resultado de la publicación de los 112 decretos legislativos – como parte de las facultades extraordinarias – cinco de los cuales se enfocan en la reestructuración y mejora de los servicios de agua y saneamiento.

Las que, en opinión del Ejecutivo, ayudarán a tener un marco legal que permitirá trabajar con celeridad la ejecución de más obras y el fortalecimiento de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

Cabe precisar que, según el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), a la fecha la administración y provisión del agua se encuentra en manos de las EPS que son, en su mayoría, propiedad de municipios.

Este modelo de gestión, en opinión de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), ha demostrado ser deficiente e insostenible por 3 razones: escala y alcance, solvencia económica e infraestructura inadecuada.

“En primer lugar, existen alrededor de 50 EPS que brindan servicios a solo el 63% de la población total, debido a que muchas son operadoras atomizadas sin alcance regional”, apuntala el último reporte del gremio.

En segundo lugar, refiere, existe una amplia diferencia entre el volumen producido y facturado. Así, se calcula que un 36% es agua no facturada y que solo el 50% de estas empresas son rentables.

Por último, al hecho de que la mayoría de EPS cuentan con infraestructura en malas condiciones, por lo que no son capaces de proveer servicios de calidad. Prueba de ello: el MVCS calcula que apenas el 62% del desagüe captado por las EPS llega a plantas de tratamiento.

En esa línea, el gremio empresarial considera que las acciones para mejorar el sector agua y saneamiento deben estar orientadas hacia tres ejes. Estos son: el primero la simplificación de procesos y normativa que impacte en inversión, financiamiento y gestión para la agilización de inversión pública y privada.

Segundo, eficiencia en la inversión y el gasto público y por último, la reestructuración, fortalecimiento y modernización de las EPS, para la mejora no solo en infraestructura sino en administración.

Normas emitidas

Para hacer frente a la brecha en agua y saneamiento, el Ejecutivo dictó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo N° 1280), que promueve la integración de los prestadores de servicios de saneamiento (fusiones), la integración de sus operaciones y procesos, y prohíbe su desintegración.

También busca consolidar la independencia y autonomía empresarial de las prestadoras frente a los municipios, y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas tanto de las EPS como de las entidades sectoriales.

“En pocas palabras, favorece la eficiencia, al priorizar el aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y la aplicación de tecnologías, lo que promueve, a su vez, la participación privada (mediante APP), no solo para optimizar la inversión, sino también para mejorar la gestión empresarial”, refiere el reporte de ComexPerú.

Por su parte, el Decreto Legislativo N° 1284 establece la creación del Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), con el objetivo de financiar estudios de preinversión y proyectos de inversión, así como la reposición y el mantenimiento de activos de los prestadores de servicios de saneamiento.

Asimismo, contempla entre sus fuentes de recursos a las AFP y otros inversionistas institucionales, estrategia recomendada por los potenciales efectos positivos para el Estado, las AFP y sus afiliados.

“Para que estas inversiones sean atractivas para las carteras privadas, se requiere rentabilidad, por lo que existirían incentivos a una gestión más eficiente. Más aún, la instauración de este nuevo fondo, así como la del Régimen de Apoyo Transitorio deberían compensar las deficiencias presupuestales privadas del sector y fomentar la mejora de la infraestructura y la calidad del servicio”, agrega.

La Ley de Presupuesto 2017, cabe precisar, contempla alrededor de S/ 5,646 millones para agua y saneamiento, que serán destinados a los gobiernos central, regionales y locales. Así, hasta el momento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con un presupuesto institucional modificado (PIM) de cerca de S/ 4,566 millones, cifra ambiciosa frente al presupuesto de otros años.

En efecto, el mismo fue de S/ 1,396 millones en 2015 y de S/ 863 millones en 2016, de los cuales se ejecutó solo un 64% y un 70.5%, respectivamente.

“Si bien el compromiso de la nueva administración con esta reforma es prometedor. Sin embargo, habrá que esperar los resultados para determinar si estas nuevas propuestas son suficientes para cerrar la brecha en infraestructura y ampliar la cobertura de agua potable de calidad y alcantarillado, a través de empresas organizadas que provean el servicio de manera eficiente, sostenible y continua”, puntualiza ComexPerú.