Luis Hidalgo Suárez
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Luis Ortigas, presidente de Perupetro, anunció que este mes el Gobierno aprobaría una propuesta de modificaciones al reglamento vigente para la aprobación de los instrumentos ambientales que se requieren para llevar adelante las actividades exploratorias en hidrocarburos, las cuales están orientadas a disminuir sustancialmente los plazos de aprobación y, con ello, acelerar la perforación de pozos y, posteriormente la explotación de crudo de petróleo.

En diálogo con GESTIÓN, Ortigas dijo compartir la preocupación que existe por la demora en la aprobación de estos instrumentos, los cuales, junto con los conflictos sociales, son las causas de que 32 contratos petroleros (el 50% del total de contratos vigentes) se encuentre en estado de fuerza mayor a la fecha, es decir, que han sido suspendidas sus obligaciones exploratorias para evitar que incumplan con los plazos previstos en los contratos para evitar que abandonen los lotes que tienen a su cargo.

“A iniciativa del Minem, entre todas las entidades involucradas (Minem, Osinergmin, Perupetro, sector privado, etc.) se ha elaborado una propuesta para modificar el reglamento de aprobación de esos instrumentos ambientales, con la finalidad de establecer plazos y reducirlos. La idea es que en un año y medio o dos años, incluyendo la elaboración del estudio ambiental, esté todo listo para iniciar las obras de exploración”, precisó.

El presidente de Perupetro también informó que su entidad ha presentado un proyecto de ley que crea una ventanilla única, que estaría en Perupetro y canalizaría aprobación de los instrumentos ambientales por las diversas entidades involucradas, y controlaría el cumplimiento de los plazos que se establezcan. La norma establecería sanciones por incumplimiento en los plazos (ver entrevista).

Declive
El hecho de que la mitad de contratos petroleros vigentes estén parados por fuerza mayor agudiza el problema del declive que ha venido teniendo en las últimas décadas la producción de crudo de petróleo en el país.

Ortigas remarca, sin embargo, que lo que está declinado es la producción de crudo de petróleo, pero ahora producimos 370 mil barriles de petróleo equivalente (62 mil de crudo, 110 mil de líquidos de gas natural y unos 198 mil barriles equivalentes de gas natural seco), un nivel nunca antes alcanzado en el país.

En todo caso, comparte la preocupación de las demoras en la aprobación de los estudios (instrumentos) ambientales puesto que ello no impulsa las inversiones en el sector.

En su opinión, cuando se aprueben las modificaciones al reglamento de aprobación de los instrumentos ambientales y la ventanilla única, con solo los contratos petroleros que tenemos vigentes (24 de explotación y 50 de exploración), habría más actividad y muchos más pozos exploratorios, “por lo menos 20 o 25 por año”, mientras que el año pasado solo fueron 7 (aparte de 39 pozos en desarrollo, es decir 46 pozos en total).

Demoras
Ortigas explica que la caída de la producción de crudo se debe a que se ha incrementado mucho el tiempo entre la firma de los contratos y el inicio de la explotación del crudo de petróleo, lo cual ha llevado a que muchos de estos contratos (32 a la fecha) hayan sido declarados en fuerza mayor. Hay dos razones principales para ello: demora en la aprobación de los instrumentos ambientales y los problemas sociales cada vez más numerosos (oposición de las comunidades a la actividad petrolera en el contexto de la Consulta Previa) por falta de información.

Cuando se firma el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos se le da al contratista 7 años para que realicen las actividades de exploración. Esta etapa está dividida en cinco períodos en cada uno de los cuales tienen que realizar diferentes actividades, algunas simples y otras más complejas (por ejemplo, sísmica o perforaciones), que requieren la aprobación de instrumentos ambientales más exigentes y es ahí donde viene la demora.

Además, la intervención de otras entidades (Ministerios de Ambiente y de Cultura, ANA, etc.) alarga los procesos. Hay contratos en estado de fuerza mayor desde el 2010.

También incide de manera importante en las demoras, la agudización de los reclamos sociales. Por ejemplo, el Lote XXVI en el noroeste, a cargo de la empresa Savia Perú, tiene este problema hace más de 1400 días (desde el 2010) por la oposición del gremio de Maricultores de Sechura que impiden al contratista continuar con la preparación del EIA, la adquisición de sísmica (2D, 3D) y la perforación de pozos exploratorios.