Los bancos acreedores del proyecto del Gasoducto Sur Peruano buscan que el Estado no aplique la cláusula anticorrupción en la concesión a cargo de la empresa Gasoducto Sur Peruano (GSP), pues temen que, en caso se compruebe que hubo algún acto de corrupción durante el proceso de concesión de este proyecto, la aplicación de esa cláusula afecte la recuperación de sus préstamos, según fuentes bancarias a las que tuvo acceso Gestión.

El contrato de dicha megaobra establece que si se llega a comprobar que hubo un pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso, el Estado podrá declarar la resolución del contrato y el proyecto retornar a propiedad estatal.

Por ello, fuentes del sector bancario señalaron a Gestión que los bancos acreedores del GSP quieren que el Gobierno se comprometa a no declarar nulo el contrato de concesión, aun si se compruebe que en el proceso de concesión hubo actos de corrupción.

Sin embargo, este asunto no depende solamente del Ejecutivo, puesto que a fines de octubre la Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía investigar al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el caso GSP.

Sospechas
Los procuradores creen que habría habido un plan, durante el proceso de concesión del GSP, para adjudicar el proyecto al consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, empresa que está envuelta en un escándalo de corrupción en su país por el caso Lava Jato, y que tiene ramificaciones internacionales.

Además, la comisión del Congreso encargada de la investigación de presuntos actos de corrupción en el gobierno de Ollanta Humala, que preside el congresista Daniel Salaverry, tiene como uno de sus temas de investigación la concesión del GSP y debe emitir un informe en seis meses.

La pregunta es: ¿qué pasará si el Congreso halla irregularidades en la licitación del GSP y pide que se aplique la cláusula anticorrupción? Interrogados por Gestión algunos miembros de la referida comisión se abstuvieron de emitir opinión señalando que el tema está en proceso de investigación.

Al respecto, el ex presidente de Perupetro Aurelio Ochoa comentó que -con la existencia de dicha cláusula- de comprobarse que hubo corrupción, lo que cabría es la rescisión del contrato.

También se conoció que los bancos acreedores ya estaban dispuestos a ejecutar la garantía que tienen en el proyecto (las acciones de Odebrecht en GSP) en caso no se concrete el acuerdo con Sempra-Techint.

Esto porque mañana viernes vence el plazo para pagar el crédito puente por US$ 600 millones que las entidades bancarias dieron para iniciar la construcción del gasoducto sur.

Tal ejecución de la garantía implicaría que los bancos pondrían a la venta las acciones de Odebrecht en el GSP, situación que podría retrasar aún más la ejecución del proyecto.

Hasta abril último, las obras, iniciadas el año pasado, tenían un avance de 34%, pero desde esa fecha se paralizaron por falta de financiamiento, lo que coincidió con el anuncio de Odebrecht de poner a la venta sus acciones en el proyecto.

Desde entonces no se ha reaunudado la construcción y solo se están haciendo obras de mantenimiento y construcciones de vías de acceso a las zonas del trazado del ducto.

La negociación
Gestión también conoció que Odebrecht y el consorcio Sempra-Techint se han vuelto a sentar a negociar la venta de la participación de la referida firma brasileña en el proyecto, es decir el 55% de las acciones totales que posee, luego que la semana pasada se truncaron las negociaciones por diferencias acerca de quién asumiría los costos generados por la paralización de las obras debido a la demora en la venta de las acciones.

Hay que tener en cuenta que de la salida de Odebrecht del GSP depende la aprobación de la adenda de bancabilidad del proyecto por parte del Estado peruano. Y una vez cumplidos ambos requisitos, los bancos estarán dispuestos a otorgar el crédito principal de US$ 4,128 millones de los que depende la reanudación de las obras de construcción.

Anteriormente, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, también se había referido a las dificultades del proyecto, afirmando a Gestión que había cuatro puntos complicados, y que especialmente dos, los más difíciles, se podrían negociar con la empresa que compre las acciones de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano.