(AFP) Bolivia advirtió que podría aplicar medidas coercitivas contra Argentina, entre las que se cuenta el cierre de válvulas, si la mora por la venta de gas se extiende a tres facturas por un monto que se estima en aproximadamente a US$ 300 millones.

“Alrededor de dos facturas son las que nos deben, lo que estaría dentro del período de tolerancia, de acuerdo al contrato. Si entrara en mora una tercera más, ahí podemos tomar algunas medidas y actuar mucho más contundentemente”, declaró el ministro boliviano de Economía, Luis Arce.

Estimó que el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri es consciente de la situación y que está evaluándola.

“El hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas, tomar algunas medidas, puede tener un efecto mucho más grave en la economía argentina”, advirtió.

El funcionario se excusó de precisar la fecha exacta del vencimiento de la tercera factura, aunque estimó que estaba dentro del período de tolerancia establecido en el contrato.

Se estima que el monto adeudado asciende aproximadamente a US$ 300 millones, sin embargo, el ministro trató de justificar la causa de la demora de pago argumentando que “seguramente es administrativa, por el cambio de gobierno”.

Argentina es el segundo comprador más importante de gas boliviano, después de Brasil, con 14 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) y tiene vigente un contrato que podría ampliarse hasta 27 mmcd.

Un día antes de la posesión de Macri, YPFB remitió una carta a Enarsa notificando sobre el adeudo. “Hemos procedido a dar comienzo a la etapa de liquidación de las garantías contractuales por las deudas acumuladas”, advertía el documento.

Los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina, representan para Bolivia casi la mitad de sus exportaciones.

Las relaciones de Bolivia con Argentina se enfriaron luego de la derrota electoral de Cristina Kirchner, aliada del presidente Evo Morales.

Antes de concluir sus funciones diplomáticas en Bolivia, el ex embajador argentino Ariel Basteiro advirtió que la administración Macri demandaría menores volúmenes de gas, pues buscaba la opción de proveedores más baratos.

Ante esa posibilidad, el presidente boliviano Evo Morales exigió el cumplimiento de los contratos pactados en el 2006.

Basteiro reveló además que los precios pactados entre Argentina y Bolivia por los presidentes Néstor Kirchner y Morales tenían un componente político para favorecer al gobierno boliviano.